El efecto real de la rebaja fiscal de Puig: cinco euros al mes por contribuyente

En aquella comparecencia, el jefe del Consell anunciaba una serie de medidas que beneficiarían a 1.344.000 contribuyentes valencianos, es decir para el 97,4% de los mismos. Aumentaría en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos, se crearía una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio, así como nuevos tramos adaptados a la situación actual, y todas las deducciones y bonificaciones fiscales aumentarían un 10%, de modo que más personas podrán acogerse a todas las deducciones. «La reforma fiscal valenciana supone un ahorro medio de 111 euros por contribuyente. Y un ahorro global de 149 millones a las familias», se cifró de forma explícita. El PP valenciano se apresuró a cuestionar ese impacto de 149 millones de euros, contrapuesto con los más de 1.800 millones de incremento de la recaudación tributaria en la Comunitat Valenciana -datos del mes de septiembre.

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Pero el dato clave es el impacto sobre la declaración de la Renta de cada contribuyente. El Consell lo cifró en 111 euros. Pero el decreto ley por el que se regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos para adecuar el gravamen del citado impuesto al impacto de la inflación señala otra cosa. El texto recoge que con la aplicación combinada de los nuevos tipos y de la actualización en un 10% de los mínimos personales y familiares y de las deducciones autonómicas, 962.140 valencianos ya no pagarán IRPF por resultarles una cuota líquida igual a 0 (39.140 declarantes más que en la actualidad), y 1.344.056 contribuyentes con una base liquidable general de hasta 60.000 euros «se ahorrarán de media 111 euros».

Pero la memoria económica del citado decreto ley dice otra cosa. En concreto, explica que la adopción de la nueva tarifa determinaría una reducción de la recaudación autonómica del IRPF de 2022 -la rebaja fiscal tiene carácter retroactivo- de 48.501.724 euros. Y en otro apartado, que el aumento del mínimo personal y familiar supondría, una diminución en la recaudación de casi 102 millones de euros. De aquí salen los 149 millones de impacto estimado. ¿Y en los contribuyentes? Textualmente, el decreto ley admite que la nueva tarifa, junto con el aumento del 10% del mínimo personal y familiar y el incremento de las deducciones autonómicas supone una diminución de la cuota líquida autonómica de cerca de 149 millones, «lo que equivale a un 3,6% de la recaudación y a 64 euros de media por declaración». 64 euros por contribuyente están lejos de los 111 euros anunciados inicialmente. Son de hecho, poco más de la mitad de ese anuncio. 64 euros, entre los 12 meses del año, son poco más de 5 euros mensuales. 5,3 euros, para ser exactos, por contribuyente y mes.

¿Y por qué 64 euros y no los 111 euros iniciales? El decreto lo explica, al señalar el impacto conjunto de las tres medidas es inferior a su consideración de manera aislada «ya que algunos contribuyentes pasarían a tener una cuota líquida real igual a cero y no podrían beneficiarse de varias medidas simultáneamente». Es decir, al aumentar la cuantía exenta de tributación, aumentaría el número de personas sin margen para beneficiarse del resto de medidas.