EFE
MADRID
Lunes, 11 de junio 2018, 14:16
La Audiencia Nacional ha sustituido las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados en el caso Gürtel, incluido Vicente Cotino, que confesaron haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008.
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El juez del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, sostiene que, al financiar ilegalmente al PP, esos empresarios se colocaban «en situación privilegiada» respecto a sus competidores, por no decir «monopolística, en contratos futuros».
«En síntesis, se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos», expone el juez.
La sentencia subraya el daño que esta práctica genera a los intereses generales, pero también a los de los empresarios particulares que no participan en la financiación irregular y que, según deduce el juez, «tendrán enormes dificultades para conseguir obras y servicios públicos o serán excluidos de ellos».
La sentencia impone a los empresarios penas que llegan hasta el año y nueve meses de cárcel, pero en todos los casos los sustituye por multas que se elevan hasta los 154.500 euros.
Uno de los empresarios procesados, José Enrique Fresquet, ha sido absuelto al haberse retirado la acusación.
El magistrado les aplica a todos ellos la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos.
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Las cantidades ingresadas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros.
Uno de los afectados es Vicente Cotino, sobrino del ex director general de la Policía, exvicepresidente valenciano y expresidente de les Corts, Juan Cotino, condenado a quince meses de prisión por un delito electoral y otro de falsedad documental, penas sustituidas por multas de 109.500 euros.
Vicente Cotino está implicado también en el caso Erial, que recientemente llevó a su detención (y posterior puesta en libertad) por supuestos delitos de corrupción en la época en la que Eduardo Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana.
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A la misma pena y misma multa que a Cotino, se condena a Enrique Ortiz (imputado en el caso Brugal) y José Francisco Beviá, ambos del Grupo Ortiz e Hijos.
En el caso de Antonio y Alejandro Pons (de Piaf SL); Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón) y Gabriel Alberto Batalla (de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL) los condena a 21 meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. En su caso, la multa asciende a 154.500 euros.
Rafael y Tomas Martínez Berna, (del Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA) tendrán que pagar 132.000 euros como multa sustitutoria de la condena a 18 meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad documental.
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--FRANCISCO CORREA.- Empresario y cerebro de la trama, ha sido condenado a 5 años y tres meses de prisión por tres delitos electorales (elecciones locales y automómicas de 2007 y generales de 2008) continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos con la atenuante de reparación del daño. La Fiscalía había pedido para él 7 años y 3 meses tras su colaboración durante el juicio, porque la petición inicial contra él era de 22 años.
--RICARDO COSTA, exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana es condenado a 4 años de cárcel por tres delitos electorales y uno continuado de falsedad, con atenuante de confesión. La Fiscalía pedía para él 4 años y tres meses de cárcel tras celebrarse el juicio.
--PABLO CRESPO.- Número dos de Correa y exresponsable del PP en Galicia. Ha sido condenado a 5 años de prisión por los mismos delitos electorales que Correa, continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública, también con el atenuante de confesión. La Fiscalía pidió para él 13 años y medio de cárcel.
--ÁLVARO PÉREZ 'el Bigotes', socio de Correa en Orange Market, es condenado a 6 años y 9 meses de cárcel por los mismos tres delitos electorales, uno continuado de falsedad, y cinco delitos contra la Hacienda pública, aplicándose la atenuante de confesión o colaboración activa a los dos primeros. La Fiscalía había pedido para él 16 años y medio de prisión.
--CÁNDIDO PÉREZ, gerente de la empresa de Correa es condenado a 5 años y 1 mes de cárcel por tres delitos electorales, uno continuado de falsedad y tres delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía había pedido para él 16 años 9 meses.
--CRISTINA IBÁÑEZ, exgerente del PP Valenciano es condenada a 3 años y 8 meses de prisión también por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad. Anticorrupción solicitaba para ella siete años y medio.
-DAVID SERRA, exvicesecretario de organización del PP en Valencia es condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por tres delitos electorales y otro delito continuado de falsedad. La Fiscalía pidió para él siete años y medio de prisión.
--YOLANDA GARCÍA, extesorera del PP valenciano y exdiputada de las Corts ha sido condenada con 4 meses de prisión como cómplice de un delito electoral relativo a las elecciones generales de 2008. La Fiscalía pedía para ella cinco meses de cárcel.
--JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN, cerebro financiero de la red corrupta, ha sido condenado a 3 años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública de los años 2006 y 2007. La Fiscalía pedía para él 15 años de cárcel.
--VICENTE COTINO, empresario y sobrino del expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--ENRIQUE GIMENO, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por una multa total de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--ANTONIO PONS, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por multa total de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--ALEJANDRO PONS, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituye por multa total de 154.500 euros euros por tres delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--TOMÁS MARTÍNEZ BERNA, empresario, es condenado a 1 años y 6 meses de cárcel que se sustituye por una multa total de 132.000 euros por dos delitos electorales y uno de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--RAFAEL MARTÍNEZ BERNA, empresario, es condenado a 1 año y seis meses de cárcel que se sustituyen por una multa total de 132.000 euros por dos delitos electorales y uno continuado de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--ENRIQUE ORTIZ, empresario, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
--JOSÉ FRANCISCO BEVIÁ, empresario, es condenado a 1 año y 3 meses de cárcel por un delito electoral y otro continuado de falsedad que se sustituyen por una multa total de 109.500 euros. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
-GABRIEL ALBERTO BATALLA, empresario, es condenado a 1 año y 9 meses de cárcel que se sustituyen por multa de 154.500 euros por tres delitos electorales y uno continuado de falsedad. Esta sustitución de cárcel por multa se acordó de conformidad con la Fiscalía.
ABSUELTOS
--JOSÉ ENRIQUE FRESQUET, también empresario, resulta absuelto por retirarse la acusación contra él, que únicamente presentaba el PSOE valenciano.
--VICENTE RAMBLA, exvicepresidente de la Comunidad Valenciana, resulta absuelto. Anticorrupción pedía para él 6 años y medio de cárcel.
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