El enchufismo en los ayuntamientos valencianos se dispara

Si hasta el 2020 la oficina contaba con un número similar de procesos tramitados en relación a prácticas sospechosas con motivo de la contratación y adjudicación pública, así como en la gestión de recursos humanos, el año pasado, estos últimos, todo lo vinculado a la selección de personal, así como el pago de retribuciones, se ha disparado. El motivo, según Llinares, es que las tasas de reposición fijadas por el Gobierno central para controlar el gasto público se han relajado. Los procesos de contratación se han incrementado, y con ellos, los casos de favoritismo.

¡Por todo ello, desde Antifraude se han puesto en contacto con la Generalitat para proponer la implantación de otros modelos, como el vasco, donde el gobierno autonómic centraliza la selección de personal de los ayuntamientos. Llinares se ha dirigido a la Conselleria de Justicia para instarles a adoptar ese tipo de procesos de selección de los funcionarios.

«Hemos de seleccionar mejor, para garantizar que el esfuerzo, la capacidad y los méritos se examinan aplicando el principio de igualdad. Está en juego tener una Administración de calidad y el cumplimiento del ordenamiento jurídico», ha señalado Llinares, quien ha admitido que desde Justicia han señalado que no tienen medios para centralizar esos procesos.

Llinares ha reconocido que en este tipo de casos se enmarca el último caso conocido. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha encargado este lunes al concejal de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, la apertura de un expediente informativo para investigar y esclarecer hasta «las últimas consecuencias» si ha habido presuntas irregularidades en el proceso de las recientes oposiciones a la Policía Local, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado ante las quejas por la posibilidad de que se haya favorecido a familiares de los agentes que ya están en el cuerpo municipal.

En las conclusiones de la memoria se indica, igualmente, «el incremento de la contratación de emergencia» durante la pandemia y «el necesario control de dicho mecanismo excepcional». Llinares lamenta que ese modo de adjudicar servicios por parte de las administraciones se ha extendido más de lo necesario.

Desde la agencia se distingue entre la emergencia y la urgencia, y que los poderes públicos han terminado confundiéndolas, incencionada o accidentalmente, para saltarse los procedimientos normales, con mucho más control. En el apartado de recuperación de fondos públicos objeto de algún tipo de irregularidad en las investigaciones cursadas durante el año pasado, la oficina señala que el montante total podría superar los 23 millones de euros. En este sentido destaca Burriana, municipio que dejó de ingresar cerca de 20 millones de euros en relación a un PAI.

Los casos de enchufismo no se dan únicamente en casos vinculados con la selección de personal para la Policía Local de distintos ayuntamientos. También afecta a los procesos para acceder a otro tipo de plazas públicas locales. En lo relativo al Ayuntamiento de Valencia, donde la Agencia señala la existencia de una serie de retribuciones excesivas que se elevan a un montante de más de 770.000 euros, Llinares ha admitido que no tiene más posibilidad que señalar el problema aunque el alcalde Ribó ha indicado en reiteradas ocasiones que discrepa de las recomendaciones de la oficina que dirige Llinares. De hecho, el Cap i Casal es el gobierno local más rebelde, el que en un mayor número de ocasiones ha desoído las recomendaciones de la institución.

En el punto de la memoria donde se recogen las administraciones y entidades que no han aceptado las recomendaciones de la Agencia en las investigaciones finalizadas, el Ayuntamiento de Valencia se lleva la palma. Los que no han aceptado las recomendaciones han sido tres consistorios, los de Valencia (en dos investigaciones), Cofrentes y Rojales, y el Institut Valencià de Cultura (IVC).

Según el PP, el 16% de las investigaciones de 2021 afectaron al gobierno municipal de la capital, que lideró en 2021 el ranking con un total de 12 expedientes concluidos con recomendaciones (de un total de 75) al detectar irregularidades administrativas. En este senido, la oficina de Llinares considera que los sobresueldos son recuperables, así como los 614.501,85 euros del sobrecoste que se produjo en el servicio de la grúa, si bien sí recuperó el medio millón que la Generalitat le debía en relación a un punto de encuentro familiar.

La portavoz de Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha señalado que «la memoria anual de la Agencia Valenciana Antifraude pone en evidencia la gestión del Gobierno de Ribó y PSOE, que es nula, y como dato el nivel inversor que cada año es menor, pero que también es irregular como concluye este informe anual. Ni recuperan el dinero ni cumplen con las recomendaciones de la Agencia, demostrando una vez la opacidad de un gobierno de los menos transparentes de la Comunitat».