Entidades privadas validarán trámites para salvar el atasco en las renovables

Como ha informado este diario, la Comunitat Valenciana no ha añadido nueva potencia renovable a la red eléctrica en el segundo trimestre del año y solo ha incorporado a la red 13 megavatios (MW) en el último año, según se recoge en el informe trimestral del Observatorio de Energías Renovables de Foro Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Redeia. De mantener este ritmo, la Comunitat necesitaría «150 años para alcanzar los objetivos de instalación renovable» fijados para 2030.

El Consell que preside Carlos Mazón está decidido a combatir este problema. Al menos, el relacionado con la alambicada gestión burocrática de licencias, subsanación de errores y procesos administrativos en general, y que afecta a la concesión de licencias en general, y muy en particular al sector de las renovables.

La herramienta para conseguirlo es la certificación documental acreditada. «La Generalitat va a permitir que entidades del tercer sector puedan emitir un certificado acreditativo de la verificación de la documentación para acelerar los procedimientos». En concreto, colegios profesionales, entidades de derecho público y organismos acreditados -también privados- «revisarán» la documentación en lugar de hacerlo la administración por lo que en los supuestos de Declaración Responsable su presentación con este «sello» permitirá ejercer la actividad de inmediato.

De lo que se trata, por tanto, es de poder disponer de una herramienta adicional para la tramitación de esa parte de la certificación de la documentación necesaria para obtener la correspondiente autorización. Su uso será opcional, obviamente, pero en tanto que complemento de la vía habitual de la administración, permitirá agilizar los trámites.

La previsión con la que trabaja la administración autonómica es que su regulación así como en su caso si se fijara un precio público se regulará en un decreto posterior. Una regulación que detallará qué tipo de entidades -también privadas- son las que consiguen la autorización de la administración autonómica para poder actuar como revisores de documentación.

Las entidades que quieran acreditarse deberán contar con profesionales adecuados y tener un seguro de responsabilidad civil en vigor. Y los profesionales miembros de un colegio profesional podrán desempeñar estas actuaciones cuando el colegio profesional así lo haya previsto con la GVA. De hecho, deberán mantener un registro de las operaciones a modo de control e inspección.

Esta novedad se enmarca en la norma que regulará los proyectos en la Comunitat Valenciana y que aspira a acabar con el colapso en la tramitación de expedientes, un problema que afectaba a la región desde hace años. La patronal valenciana de las energías renovables, Avaesen, ya destacó hace pocas fechas que valoraba de forma «muy positiva» la nueva norma que se incluye en el decreto ley 7/2024, del 9 de julio de Simplificación Administrativa de la Generalitat aprobada recientemente por el pleno de Les Corts.