La propuesta de población ajustada del nuevo sistema de financiación autonómica que presentó el Gobierno hace pocas semanas «favorece a las comunidades pequeñas», e introduce un nuevo indicador de despoblación selectiva «diseñado expresamente para primar a la «España vaciada», más allá de lo que ya hace la variable de superficie». Así lo recoge el director de la Fundación de Estudios de Economía Avanzada (Fedea), Ángel De la Fuente, en un artículo de opinión publicado en La Voz de Galicia, en el que concluye que esos ajustes provocan una serie de trajes a medida, motivo por el que considera que deberían retirarse.
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En el artículo titulada 'Vicios en la financiación autonómica', De la Fuente se refiere a la propuesta del ministerio de Hacienda para la revisión del cálculo de la llamada población ajustada, una variable que es «un indicador de necesidades de gasto que responderá a las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las autonomías».
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La propuesta del ministerio toma como punto de partida el informe publicado en el 2017 por la comisión de expertos para la revisión de la financiación autonómica. Una propuesta que incorporaba una serie de principios para establecer ese reparto de fondos, como una partida de costes fijos y de un indicador de pobreza o exclusión, el desdoblamiento de la variable de necesidades educativas para incorporar un indicador de necesidades de gasto universitario o la introducción de ponderaciones por tramos de edad en la población de 65 y más años, entre otros.
Eso sí, Hacienda propone también introducir «dos ajustes ad hoc que suponen volver a caer en uno de los vicios más persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer «trajes a medida» en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas». De la Fuente cita en concreto el reparto por bloques de la partida de costes fijos que favorece a las regiones pequeñas, y un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para primar a la «España vaciada».
«Estos ajustes comportarían cambios significativos en términos de las necesidades de gasto reconocidas a algunas comunidades que resultarían difíciles de justificar en base a la (limitada) evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los servicios autonómicos. Mi propuesta sería retirarlos«, concluye.
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