El exconcejal Alfonso Grau, condenado a 4 años y medio de cárcel por la caja B del PP

La sentencia pone punto final a la investigación por una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia. La parte más importante de estas diligencias, el conocido como caso del pitufeo, ya fue archivado hace años por la la audiencia de Valencia. Sin embargo, la Sala consideró que existían indicios suficientes para llevar a juicio el resto de la investigación, es decir, la actuación del grupo municipal en las elecciones de 2007 y 2011 cuando Alfonso Grau exvicealcalde de Valencia supuestamente manejaba la caja B de los populares con la que se hacía frente a los pagos electorales las exitosas campañas de Rita Barbera.

La Guardia Civil pinchó en abril de 2015, por orden de un juez, el teléfono de María José Alcón, exedil de Cultura en la etapa de 2011-2015. Se produjo una conversación clave de Alcón con su hijo donde revela el caso conocido como pitufeo. Y aunque todo aquello se archivó, fue el hilo del que los agentes de la Guardia Civil fueron tirando hasta concluir una investigación que se juzgó el pasado mes de enero. Este lunes se hizo pública la sentencia. El exvicealcalde de Valencia, la mano derecha de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá durante sus dos décadas al frente del Ayuntamiento de la capital, Alfonso Grau, fue ayer condenado.

Las prácticas irregulares utilizaban el dinero público municipal o se captaba dinero de empresas habitualmente contratistas del Ayuntamiento. Las cantidades desviadas y empleadas ilícitamente (cientos de miles de euros) sirvieron para costear la campaña electoral del PP en Valencia en 2007. En cuanto a la campaña de 2011, también juzgada, la sentencia indica que los gastos electorales se realizaron «al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral». No obstante, no se puede ratificar el origen fraudulento de los fondos. En cualquier casto, además de la sentencia de prisión, Grau está condenado a pagar una multa de cinco millones de euros. La Audiencia también sentencia a José Salinas, exdirector de la Fundación Turismo Valencia, por actuar como ejecutor de las prácticas delictivas que la sentencia atribuye a Grau.

El juzgado absuelve por falta de pruebas a los otros dos acusados en el procedimiento: la exsecretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster, y a Juan Eduardo Santón, exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD, implicado en el desvío de fondos públicos hacia la campaña electoral del PP en Valencia).

Además de los cinco millones de multa por delito continuado de cohecho, Grau deberá indemnizar al Ayuntamiento de Valencia con 388.150 euros. Salinas, condenado como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos, debe abonar 210.000 euros.

La sentencia considera probado que el exvicealcalde Grau «tomó la decisión de pagar» a una empresa (Laterne) que se encargó de la campaña electoral del PP un total de 210.000 euros, así como decidió «destinar 178.150 euros» de empresas públicas «a ese mismo fin». Para ello, según la sentencia condenatoria, Salinas «colaboró en la ejecución de los pagos efectuados» a través de la Fundación Turismo Valencia, ya que «autorizó los pagos y no cabe plantear como hipótesis razonable que pudiera efectuar los pagos por error o engañado. Por tanto, su colaboración fue, necesariamente, consciente de su finalidad». Eso respecto al dinero público.

La sentencia detalla que más de media docena de contratistas municipales, empresas privadas, realizaron una serie de pagos (en total, más de 1,6 millones de euros «a petición del señor Grau, quien se prevalió de la posición que ocupaba como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento para conseguir que las empresas» contratantes o que aspiraban a seguir contratando «efectuaran las aportaciones económicas».

Las empresas buscaban, según la condena, «significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal» a fin de «apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (…) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes».

Por lo que se refiere a la campaña de 2011 que también encabezó Barberá para continuar de alcaldesa hasta 2015 (a partir de entonces, tras la victoria de la izquierda, la vara de mando municipal pasó a manos de Joan Ribó), la Audiencia considera que no se ha constatado una prueba evidente del origen de los fondos: «La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados». A diferencia de 2007, en 2011 no había testimonios de trabajadores que ofrecieran información que permitiera afirmar que los pagos no se correspondían con trabajo alguno, hecho que sí confirmó uno de los asesores de Grau en el caso de 2007.