El peluquero de Zaplana declara que usaron su DNI para beneficio de la trama

Pedro Romero es empresario. Pero resulta más conocido por ser el peluquero de José María Aznar y, en su momento, también de Eduardo Zaplana. El profesional de la estética acudió ayer al juzgado de Instrucción 8 de Valencia porque se ha visto salpicado por las diligencias del caso Erial. La investigación apunta a que ejercía de testaferro del expresidente de la Generalitat ya que sus empresas, en última instancia, pertenecían a un firma controlada por Joaquín Barceló, principal hombre de paja de Zaplana, siempre según los informes de la UCO.

Él insistió en que los documentos de fiducia, por los cuales Royal Mediterranea e Inmobiliaria Montgar están participadas por Costera del Glorio, se realizaron sin su consentimiento. Además, subrayó que el contenido no tiene sentido. Por ejemplo, su nombre está mal escrito o las acciones que supuestamente debía ceder no son de su propiedad. ¿Y cómo tenían sus datos personales?, le preguntaron. «El DNI está en todas las facturas que emito e incluso puede obtenerse por internet», explicó. Apuntó que ve «malas intenciones» en la utilización de esa información.

El empresario se desvinculó de los principales nombres del sumario. No conoce a Francisco Grau, asesor de Zaplana y apenas a Joaquín Barceló. La agenda del expresidente recoge reuniones con Romero pero este aclaró que se trataba de encuentros para asesorarle en cuestiones de imagen.

No quiso dar ninguna importancia al hecho de que Zaplana fuera a la boda de su hija. La invitación se cursó para que el presidente Aznar no estuviera solo, señaló. También se invitó a Jaime Mayor Oreja, que ocupó la cartera de Interior.

El peluquero aseguró que no recordaba un encuentro con el expresidente para hablar del hotel Asia Gardens como, según la investigación, se anotó en una de las agendas. Royal Mediterranea obtuvo unos terrenos en Benidorm donde posteriormente se levantó ese conocido resort de lujo. El empresario se asoció en este negocio con Rafael Galán, indicó a la titular del juzgado.

Fernando Castelló, exconseller de Industria con Eduardo Zaplana, también compareció en el juzgado para dar explicaciones acerca de los pagos de Elecnor, una de las contratistas de la administración y adjudicataria del plan eólico, a una empresa del ex dirigente del PP, que carece de trabajadores. Castelló se acogió a su derecho a no declarar. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detectó en uno de sus informes el posible pago de una comisión de 150.000 euros al exconseller popular por parte de esa mercantil.

La UCO apuntó en su día que la mercantil de Castelló, que no contaba con personal, únicamente se utilizó para la compra de vehículos y para el pago de los estudios de una hija del exdirigente. No tuvo actividad al margen de los supuestos servicios que prestó a Elecnor, otro de los indicios que acrecientan las sospechas.

La jornada se completó con la comparecencia de Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana que controlaba diferentes empresas con las que se pretendía repatriar el dinero que supuestamente tenía el exministro de Trabajo en el extranjero. La investigación apunta a que recibió ese dinero por los amaños del plan eólico y la privatización de las ITV. Uno de los principales beneficiados de estas operaciones fue el grupo Sedesa.

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