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Pedro García, exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), es uno de los cabecillas de la trama que se lucró con la visita del Papa a Valencia con el amaño de los contratos de las pantallas y la megafonía del evento. Sin su participación el ... fraude no se hubiera materializado. Su trascendental papel mereció una comisión de casi medio millón de euros de la red de Francisco Correa.
La ejecución de la sentencia del caso avanza con cierta lentitud. El Supremo confirmó en abril de 2023 las penas, pero todavía no se han activado los ingresos en prisión. El exdirectivo de la televisión autonómica pactó con la Fiscalía reconocer los hechos a cambio de una rebaja de pena.
Ahora, García ha presentado un escrito en el que pide que se suspenda el ingreso. Alega varios motivos. En primer lugar que en la ristra de delitos y penas por los que fue condenado ninguna supera los dos años de cárcel. Por ejemplo, la malversación (un año y cinco meses), fraude a la Administración (cinco meses), falsedad en documento oficial (un año y cinco meses), blanqueo (tres meses), falsedad documento mercantil (dos meses) y cuatro meses por cada uno de los cinco delitos fiscales cometidos por la mercantil beneficiada en el jugoso amaño. En total, un severo castigo superior a cinco años de prisión.
La defensa de Pedro García subraya las especiales circunstancias que inciden sobre su cliente: los hechos, su conducta y el esfuerzo realizado para reparar el daño causado. Por un lado, que carece de antecedentes -es un delincuente primario- y no tiene otras causas pendientes con la Justicia.
Recuerda, además, su voluntad de reintegrar el dinero. Ha pagado ya 498.000 euros y tiene propiedades decomisadas por una cifra similar. De igual modo, colaboró con la investigación al confesar su participación en la trama durante la vista oral. Está dispuesto incluso a que se le imponga un pago mensual para completar todo el pago de la responsabilidad civil, según su defensa.
El exdirectivo expone, además, el quebranto personal y familiar que le supondría ahora entrar en la cárcel por unos hechos que acontecieron hace 16 años. «Lleva una vida absolutamente normal con su esposa e hijos y cometió un error del que se arrepiente profundamente», recoge el escrito. «Su vida está alejada de cualquier situación ilegal o conflictiva». Su abogado considera que la próxima entrada en la prisión «no es lo más adecuado teniendo en cuenta sus circunstancias».
Sería, en sus propias palabras, una medida «desproporcionada» que sólo generaría «efectos negativos» en su vida personal. El tiempo transcurrido desde los hechos que aborda la sentencia hace que un castigo de esta naturaleza, como la pérdida de la libertad, pierda su función «resocializadora».
El anterior relato responde a una petición de máximos. La defensa, no obstante, plantea otra posibilidad en el caso de que la suspensión sea rechazada. En ese supuesto pide que el cumplimiento de la privación de libertad no supere los cuatro años y tres meses, de acuerdo a la aplicación del artículo 76 del Código Penal.
No es el único condenado que ha solicitado este privilegio. José Llorca, el que fuera director de Canal 9, también pidió en su momento que se suspendiera la ejecución de la pena -22 meses de prisión- tras colaborar con la Justicia.
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