Las facturas en los cajones, desatadas: más de 1.900 millones en noviembre

La institución dirigida por Vicent Cucarella explicaba en ese informe que el saldo de la cuenta 413, la que se identifica con ese concepto de facturas en los cajones por tratarse de 'acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto', correspondía principalmente a la Conselleria de Sanitat.

El informe de la Sindicatura correspondía al último ejercicio cerrado de la Generalitat, el de 2022. La Intervención de la administración autonómica ha dado a conocer los datos correspondientes a noviembre de 2023. Y las cifras constatan que esa dinámica de crecimiento de las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma, se mantiene y se incrementa.

La Intervención sitúa esa cuenta 413, a mes de noviembre vencido, en 1.921 millones de euros. Es decir, a falta de un mes para el cierre contable de 2023, 400 millones por encima de la cifra de todo 2022. Los datos de la Intervención especifican que 1.462 millones corresponden a gasto sanitario, 364 millones a administración general, y los últimos 93 millones de euros, al área de servicios sociales. Es decir, vuelve a ser el área sanitaria la que acumula con mayor diferencia la mayor cantidad de gasto pendiente de aplicar a presupuesto.

La Sindicatura, en la cuenta general de 2022, ya alertaba precisamente de esa circunstancia. La falta de un presupuesto realista en materia de Sanidad obligaba a realizar toda una serie de gastos al margen del presupuesto cuya facturación es la que se acumula en la cuenta 413. De hecho, en las cuentas correspondientes al ejercicio 2020, en plena pandemia, las facturas en los cajones se situaban en el mes de noviembre en 1.463 millones de euros. En 2023, sin las circunstancias ni la urgencia que envolvieron en 2020 el estallido de la pandemia, el recurso a la cuenta 413 ha crecido casi 500 millones de euros.

El concepto de 'facturas en los cajones' se identifica con un presupuesto público deficiente, que se queda por debajo de las necesidades reales del área afectada –Sanidad de forma especial– o en un gasto que supera las previsiones iniciales y que obliga a posteriori a contabilizar esas operaciones realizadas. La adquisición de material farmacéutico suele ser uno de los frentes que obligan a realizar estos gastos extra aún cuando no se cuenta con presupuesto.

La Sindicatura, en su último informe, alertaba del elevado recurso al expediente de resarcimiento por enriquecimiento injusto –aquel que se atiende cuando se ha producido de forma previa la prestación de un servicio para la administración– provocado por el incremento de «obligaciones reconocidas devengadas no imputadas al presupuesto al final de cada ejercicio», debido a la insuficiencia presupuestaria. Es decir, de la cuenta 413. «Los gastos incluidos en los expedientes de enriquecimiento injusto (EEI) son nulos de pleno derecho por corresponder a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y por ejecutarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido», se advertía.

De hecho, durante el ejercicio 2022, se aprobaron 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.357,7 millones de euros que se mantiene en niveles muy elevados, «de los cuales 1.124,5 millones de euros corresponden a gastos tramitados por la Conselleria de Sanidad».

El recurso al enriquecimiento injusto no es ilegal. Pero sí que ha obtenido el reproche de distintos órganos de control financiero, e incluso de la Agencia Antifraude, porque por su propia naturaleza obliga a prescindir de los principios que deben regir en las adjudicaciones del sector público. Abonar un servicio ya prestado por una firma hace imposible ya no sólo la convocatoria pública de concurso alguno, sino que limita la posibilidad del pago a la empresa que ha prestado el servicio.

Antifraude ha llegado incluso en alguna ocasión a subrayar la necesidad de poner en marcha «mecanismos de prevención del uso abusivo del enriquecimiento injusto que eviten y/o minimicen irregularidades constitutivas de fraude y corrupción».

La entidad que dirige Joan Llinares ha remarcado que este tipo de resarcimientos constituyen «una prestación sin amparo legal, sin informe jurídico ni fiscalización previa por el órgano de control interno correspondiente».