Las facturas en los cajones de la Generalitat llegan a 2.257 millones, la cifra más alta desde abril

La evolución de las facturas en los cajones a lo largo de 2024 ha sido desigual. Los 2.107 millones con los que arrancó el ejercicio crecieron de forma desbocada los primeros meses, hasta situarse en marzo por encima de los 2.606 millones de euros. La cifra comenzó a descender de forma progresiva hasta el mes de agosto (2.129 millones), y desde ese momento volvió a rebotar hasta esos 2.257 millones de euros del penúltimo mes del año pasado.

La cuenta 413 es la que se refiere a aquellos acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, y recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. Lo que toda la vida se ha definido como facturas en los cajones.

El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2023 señalaba que el saldo de esa cuenta al acabar ese ejercicio ascendió a 1.767,7 millones de euros, un 16,6% más que en el ejercicio anterior (1.516,2 millones), y que corresponde principalmente en la Consellería de Sanidad, con 1.347 millones.

De hecho, la Sindicatura revelaba que las facturas en los cajones de la conselleria de Sanidad había pasado de los 733,4 millones en 2018 a esos 1.473,5 millones en 2023. En 2022, la cuenta 413 ascendió a 1.124,5 millones de euros, de modo que el aumento en 2023, en el ámbito sanitario, fue de casi 350 millones de euros.

Probablemente, el dato que peor llevan los responsables de Hacienda tiene que ver con la comparación con julio de 2023, el último mes de gestión contable del Consell del Botánico. Las facturas en los cajones acumuladas en esa fecha ascendían a 1.414 millones de euros, y de esa cantidad, 940 millones correspondían a factura sanitaria. Los datos de noviembre de 2024 doblan el agujero que genera el exceso de gasto –por el escaso presupuesto- en materia de atención sanitaria.

El Consell ha estudiado mecanismos para tratar de combatir las facturas en los cajones, un problema, al fin y al cabo, de apunte contable previo a su abono. El planteamiento con el que trabajan algunos de los más altos responsables de la administración autonómica es el de la posibilidad de negociar con proveedores que emitan muchas facturas para que las aglutinen en pocas. Porque no existiría diferencia alguna entre presentar tres facturas de 500 euros que una sola de 1.500, aunque esta última haga referencia a tres conceptos.

¿Qué supondría esta medida? Como herramienta de gestión, reducir el número de facturas ya implicaría una reducción de la labor de contabilización. Pero es que además, si la presentación de esa factura se hace coincidir con la llegada de los ingresos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) cuyas fechas pueden anticiparse porque suelen ser siempre las mismas, la permanencia de esas facturas en la cuenta 413 sería mínima.

Pero hace falta más. Y ese más tiene que ver con la financiación autonómica. Sin la actualización de las entregas a cuenta –de hecho, ni siquiera se ha aprobado la prórroga de la actualización de 2024- la liquidez de que dispone el Gobierno valenciano disminuye aún más. Y los recursos para hacer frente a los pagos de sus proveedores, también. Si se suma la proverbial infrafinanciación valenciana, la negativa del Gobierno de Sánchez a conceder recursos a fondo perdido a la Comunitat para disponer de fondos para la reconstrucción tras la dana y unas entregas a cuenta de 2023, los problemas pueden acumularse a la carrera en las finanzas autonómicas.