La familia de Corbín logró dos VPO gracias a la concesionaria de la grúa de Valencia

La misma mercantil figura en la investigación abierta al PP de Valencia sobre la financiación ilegal para las elecciones de 2007 y 2011 y un contrato bajo sospecha por la rehabilitación de las torres de Quart. Carlos Turró, su presidente, ha salido señalado ya en varios asuntos de corrupción vinculados a la etapa de mayor esplendor del PP de Valencia.

Las viviendas de la familia Corbín se encuentran en la calle Poeta Artola de Valencia. Se trata de dos inmuebles de una misma promoción. Una está el el piso cuarto y la otra, en la planta sexta. Los pisos fueron adquiridos precisamente en el año 2005 cuando comienza el citado contrato de la grúa con el Consistorio.

La UCO ha tratado de ligar los éxitos económicos del despacho de Corbín con determinadas adjudicaciones del Consistorio como contraprestaciones que el cuñado de la alcaldesa recibió por supuestas gestiones y/o labores de intermediación. Una de las viviendas fue comprada por Rita Corbín, una de las hijas del letrado y de quien se especuló en su momento que se presentaría a alcaldesa bajo el paraguas de Vox. Esa apuesta electoral nunca terminó de materializarse. El otro piso fue a parar a manos de José Enrique Corbín, cuñado del letrado, según la denuncia anónima que llegó a la Agencia Tributaria.

Existen otras operaciones que también han despertado las sospechas de los investigadores. Se trata de dos transferencias de 100.000 euros a dos de las tres hijas del letrado. Los movimientos se producen en marzo de 2015, justo dos meses antes de los comicios que suponen el punto final de la etapa de Barberá en el Consistorio. Las salidas de fondos evidencian el altísimo nivel de vida del que disfrutaba la familia. Una de las beneficiarias por este traspaso económico es actualmente asesora del Grupo Municipal del PP. Su incorporación se produjo antes de que se levantara el secreto de sumario.

El despacho de Corbín fue el punto de partida de los investigadores. Tres de cada cuatro clientes del letrado tenían directa o indirectamente vínculos con el Ayuntamiento de Valencia. Al parecer, según confesó en su día Alfonso Grau a Jesús Gordillo, testigo ya habitual en todas las causas de corrupción relacionadas con el PP, la alcaldesa estaba preocupada porque el bufet de su cuñado iba a cerrar. No generaba negocio. Fue entonces, supuestamente por indicación del vicealcalde, cuando comenzaron a contratar a Corbín por servicios ficticios, según los investigadores. «Se rumoreaba que le había tocado la lotería en varias ocasiones», declaró Gordillo en el juzgado.

Otro dato que facilitó este testigo en su comparecencia fue que Barberá y Jaime Febrer, el cabecilla de la trama de Azud, eran primos. Un vínculo personal que LAS PROVINCIAS no ha podido confirmar a través de otras fuentes. Esto podría explicar, en parte, el hecho de que Corbín percibiera buena parte de sus ingresos de empresas bajo el control del citado constructor. Durante la prisión provisional de Febrer, además, una de las visitas que recibió en aquel entonces fue la del propio cuñado de Barberá. Se desconoce el objetivo de aquellos encuentros ya que las comunicaciones son confidenciales.