Qué espacio físico ocupan 190.000 facturas? Está claro que en un pendrive pueden caber todas. Pero, ¿y en carpetas? ¿O en portafolios? Probablemente sean unos cuantos. El Gobierno de Carlos Mazón, y más en concreto la conselleria de Sanidad, se ha encontrado una desagradable ... sorpresa en su aterrizaje en este departamento: 190.000 facturas sin aplicar al presupuesto, o lo que es lo mismo, sin haberse pagado. Con un coste que supera los 1.000 millones de euros y que, evidentemente, tienen que abonarse porque corresponden a servicios o a suministros que se han prestado de forma efectiva. Eso que se conoce como enriquecimiento injusto y que hace referencia a los expedientes con los que se tramitan esos pagos que no estaban previstos, o no se habían incorporado, al presupuesto anual.
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La cifra la utilizó este martes el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia ante los medios de comunicación. El líder popular ha criticado la gestión de los gobiernos autonómicos socialistas, poniendo como ejemplo el de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, que «ha dejado 192.000 facturas sin pagar», ha dicho. Feijóo no lo ha dicho, pero la totalidad de esas facturas corresponden a la conselleria de Sanidad, el departamento que históricamente más se ve afectado por la escaseces del presupuesto autonómico.
Incluso cuando año tras año el Botánico ha venido pintando ingresos ficticios –como los 1.300 millones que llegarían por la reforma de la financiación o los otros 1.000 millones que un año debían venir a la Comunitat por un supuesto fondo de recuperación de la normalidad tras la pandemia–, el Consell presidido por Ximo Puig hacía corto con los presupuestos de Sanidad. ¿Un poco? No, más bien bastante. Por ejemplo, 1.760 millones de euros sólo en 2020, ó 1.303 millones en 2021 –aún no se conocen los datos definitivos de 2022–. El presupuesto de la conselleria de Sanidad es el más elevado de todas las carteras del Consell. Pero incluso así sigue haciendo corto para el volumen de gasto que engloba.
Los datos expuestos por el dirigente popular son los que maneja la conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano. El titular de este departamento, Marciano Gómez, ya ha explicado que a su llegada a la conselleria se ha encontrado con más de 190.000 facturas pendientes de aplicar al presupuesto, es decir, sin pagar.
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De esas 190.000 facturas, 120.000 corresponden a su vez a gastos al margen del presupuesto, sin consignación y sin soporte contractual por la inexistencia de contratos que den soporte a esos servicios y suministros.
La información que maneja la conselleria de Sanidad advierte además de que esos pagos corresponden a medicamentos, material sanitario y no sanitario, así como al mantenimiento de infraestructuras y de equipamiento médico.
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De hecho, de los 2.400 millones de euros de gasto corriente recogidos en el presupuesto de la conselleria para este ejercicio de 2023, más de 1.000 millones se van a pagar mediante expediente de enriquecimiento injusto, la fórmula que se utiliza para atender estos pagos prestados sin contrato y al margen del presupuesto. En concreto, Sanidad sitúa en el 42% del gasto corriente de este departamento el que se abona sin soporte contractual, un porcentaje muy alejado de la lógica presupuestaria, se indica desde este departamento.
El gasto por fuera del presupuesto es la última 'trampa' con la que el Consell de Carlos Mazón tiene que preparar el proyecto de presupuestos para el próximo año. Se suma a la finalización de los fondos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, al compromiso de déficit cero en el presupuesto y al incremento de los tipos de interés, que eleva hasta casi los 900 millones la factura a atender –sólo en intereses– en las próximas cuentas regionales. O a la posibilidad de que buena parte de los fondos estructurales de Europa -periodo 2014-2020– tengan que devolverse por no haberse activado.
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Y aún así, el Consell ha venido cumpliendo su compromiso de suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ampliar las deducciones del Impuesto de la Renta y aprobar nuevos tipos superreducidos en el Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El PSPV advirtió este martes que la Generalitat dejará de recaudar 920 millones de euros en toda la legislatura por la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones «a las rentas más altas».
A la consellera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ruth Merino, se le ha preguntado este martes por el compromiso de suprimir el Impuesto de Patrimonio. Merino ha explicado que «no está decidido todavía», pero ha asegurado que esta medida «está en la hoja de ruta» del Ejecutivo autonómico y que «se llevará a cabo en el momento adecuado». «Hay que hacer responsable la reducción fiscal, no puede ser toda en el primer momento de la legislatura», dijo.
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Sobre la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat de 2024, que deberán presentarse en tres semanas para hacerlo en tiempo y forma, ha asegurado que «va muy bien» y que los socios de gobierno están «todos en coordinación», con una «hoja de ruta muy clara» para confeccionar unas cuentas «rigurosas, responsables y eficientes» a pesar del contexto de deuda pública y déficit. Dificultades que afectan a la falta de ingresos para atender el actual volumen de gastos.
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