Las dudas de varios países aplazan la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE que pretendía el Gobierno

La noticia ha sido confirmada por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha reconocido que los «avances conseguidos» en esta materia no han sido suficientes y que España dará más tiempo a los países europeos para lograr un consenso. En una entrevista de televisión, el ministro de Asuntos Exteriores y UE, José Manuel Albares, ha subrayado que «20 países ya estaban en disposición de avanzar» con la propuesta, mientras que siete ha solicitado más información. «Estoy seguro de que todas las fuerzas políticas españolas van a remar en este sentido para hablar con aquellos gobiernos con los que tengan afinidades políticas», ha destacado y ha añadido que «este no es un tema politizado y divisivo», sino que tienen que ver con «nuestra identidad nacional».

La propuesta impulsada por el Gobierno español era clave para la legislatura, ya que era una exigencia fundamental de Junts y del PNV cuyo apoyo es clave para el presidente Pedro Sánchez. El margen para aprobar la iniciativa era estrecho, ya que necesitaba de unanimidad y bastaba con el 'no' de uno de los veintisiete Estados miembros para tumbarla. Ante la falta de apoyos, la presidencia del Consejo -que recae actualmente en Polonia- ha preferido mantener el diálogo y no llevar el asunto a votación.

Ya a su llegada a Bruselas, varios ministros de distintos países han mostrado sus dudas sobre la propuesta, defendida por el Secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, y que podría abrir la puerta al reconocimiento de otras lenguas minoritarias. Además del finlandés, las ministras austríaca y sueca han manifestado sus reticencias en materia legal y financiera.

Dinamarca y Eslovaquia han sido de los pocos que han apoyado la propuesta de forma abierta. La ministra de Asuntos Europeos danesa, Marie Bjerre, ha reconocido que la oficialidad del catalán, euskera y gallego «es una cuestión muy importante para España» y que su país «no se interpondrá en el camino para alcanzar un consenso en el Consejo sobre esta cuestión».

Bélgica también ha respaldado la iniciativa, especificando que debe ser «rigurosa» en materia legal, financiera y técnica. Durante la primera ronda de intervención varios países han expresado sus inquietudes y han pedido que se retirara la propuesta. Fuentes diplomáticas también han confirmado que los servicios legales del Consejo han expresado su preocupación sobre la posibilidad de introducir las tres lenguas sin cambiar los Tratados de la UE.

Y... ¿ahora qué? Para dilucidar los interrogantes económicos de la iniciativa, el Consejo Europeo podrá pedir a la Comisión que elabore un informe más detallado y personalizado a las tres lenguas, así como un análisis jurídico de la propuesta. Mientras, el debate sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE podrá seguir a nivel técnico y el Gobierno español podrá llevarlo a cualquier Consejo de Asuntos Generales. De hecho, se espera que el tema se discuta de nuevo en el próximo encuentro de este tipo, que se celebrará ya bajo la presidencia danesa del Consejo Europeo, el 24 de junio.

El Gobierno ha multiplicado sus contactos con las capitales europeas en las últimas semanas para limar esas reticencias con una nueva propuesta, más rebajada, que contemplaba la oficialidad del catalán, euskera y gallego a partir de 2027 y que sólo obligaría a traducir a estas lenguas el reglamento del Consejo y el Parlamento Europeo, lo que supone menos del 3% de la legislación comunitaria. La iniciativa era también un traje a medida para estos tres idiomas, al establecer que solo sean oficiales las lenguas que se contemplaban en las Constituciones de los Estados miembros en el momento en el que entraron en el bloque comunitario, caso que solo se aplicaría al euskera, catalán y gallego. Finalmente, y a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, el debate sigue abierto en Bruselas.