El fiscal del caso Alquería: «Los correos evidencian que colonizaron la empresa»

El fiscal Anticorrupción no alberga dudas acerca de la gravedad de la conducta de Jorge Rodríguez y el resto de investigados por la contratación irregular de directivos en Divalterra. En la respuesta al recurso de uno de los investigados, que trata de anular las pesquisas por las prórrogas del secreto o por la incautación de los móviles y otros dispositivos, el ministerio público rechaza que se trate simplemente de unas «irregularidades en la contratación» sino de un delito que ha supuesto un quebranto de más de un millón de euros «en una empresa pública sometida al capricho de sus dirigentes políticos». La cuantía del quebranto se recoge en el último informe de la Intervención General del Estado.

Los investigados tratan de «minimizar» la gravedad de las actuaciones que se llevaron a cabo en Divalterra. No obstante, el fiscal responde que precisamente esa circunstancia permitió adoptar ciertas medidas limitadoras de Derechos Fundamentales que llevaron a concluir «cómo los investigados consideraron una empresa pública como si fuera suya». Recurre el ministerio público a una sentencia del Supremo que pone el foco en los especiales condicionantes que rodean la corrupción: «No es que determinadas personas cometan hechos delictivos patrimoniales sino que en el actuar delictivo se compromete al Estado o la Administración porque se realiza en los aledaños o en posiciones de poder».

La acusación subraya cómo para ejecutar sus planes, los ahora investigados, capitaneados por el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez, utilizaban medios electrónicos. La incautación de los emails «evidencia la realidad de la colonización de la empresa por los investigados». Esa colonización, en palabras del fiscal, supuso incluso la creación de una estructura paralela al margen del consejo de administración para escapar de los controles previstos por la Administración. Sin esa intervención de las comunicaciones no hubiera sido posible, según el mismo escrito, demostrar «el concierto existente» entre los sospechosos.

Respecto a los móviles y ordenadores requisados, la Udef ya ha enviado un escrito al juzgado en el que anota los aparatos devueltos una vez se ha extraído todo el material de interés para la investigación. Así, los agentes requisaron a Jorge Rodríguez dos teléfonos móviles, otros dos ordenadores y varios discos duros. Los policías registraron tanto su vivienda de Ontinyent como el despacho que ocupaba en la sede de la Diputación de Valencia. El asunto no parece que esté próximo a su final. El fiscal ha solicitado al juzgado que declare la causa compleja. Si el juez lo aceptara -algo más que probable- se ampliaría el plazo ordinario de investigación de los seis meses hasta los 18. Sin embargo, el instructor puede decretar una prórroga menor y fijar el fin de las pesquisas antes del máximo legal.

Jorge Rodríguez anunció hace unas semanas que había solicitado declarar tras levantarse el secreto. Tras su detención, cuando no conocía los detalles de la investigación, se acogió a su derecho a guardar silencio. Pero, de momento, no hay fecha para su comparecencia.

Pese a su situación judicial -investigado e implicado en una causa que se prevé larga- Rodríguez no quiere hipotecar su carrera política. De hecho, renunció a seguir en las filas del Partido Socialista, pero ya había registrado con anterioridad un partido político con el que concurrir a las elecciones locales. El que fuera gerente de Imelsa y corrupto confeso, Marcos Benavent, calificó esta semana de «poca vergüenza» la actuación de Rodríguez cuando había hecho exactamente lo mismo que él. En cambio, el expresidente de la Corporación y el resto de los investigados no comprenden por qué se ha abierto un procedimiento penal cuando, en el peor de los casos, todo este asunto es competencia de la vía administrativa.