El fiscal Anticorrupción: «La fiesta electoral del PP la pagó Imelsa»

La acusación ha defendido la legalidad de la incorporación al sumario de las grabaciones de Benavent que durante años custodió el suegro. «Nunca hemos tenido los originales. Son copias. El hash del dispositivo -un algoritmo que permite averiguar si un archivo ha sido manipulado- sí se comprobó», ha subrayado pese a que los agentes dijeron en su testifical que no. «Pero lo importante es el hash de cada uno de los audios», ha aclarado. «Nunca se ha vulnerado ningún derecho fundamental».

El fiscal ha tratado de defender la vigencia de la causa después de que las defensas hablen de cuasiprescripción. «No existe un derecho del delincuente de ser descubierto con prontitud», ha bromeado. Un retraso en una supuesta investigación, o en el inicio de unas diligencias respecto a la comisión de los hechos delictivos, no supone una atenuante para los acusados. No ha habido tampoco dilaciones indebidas en este asunto. Todo lo contrario. «Algunas defensas incluso se han quejado de que hemos ido muy rápido».

Anticorrupción, a continuación, ha entrado ya en materia. El fiscal ha recordado cómo Benavent confesó que se pagaron actos electorales del PP por parte de Thematica, la empresa en la sombra del exgerente de Imelsa. De ahí el inicio de la investigación. Y esto, según la Guardia Civil, ha quedado acreditado: «La fiesta no la pagó el PP». La acusación ha enumerado todos los indicios de que Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, pagó los eventos. La facturación cruzada entre Thematica y Imelsa es una de las poderosas evidencias. Casi 300.000 euros «sin expedientes ni contratos», ha recordado.

El fiscal ha rechazado que los ediles de Moncada corrieran con los gastos con la supuesta póliza de crédito que tenían. Aparte de que no consta ningún pago a Thematica por estos servicios. Y ha citado el audio de Benavent donde se habla de que Juan José Medina, el exvicepresidente de la Diputación, era el encargado de la caja B en el PP de Valencia y también ha recurrido a la sentencia de la Audiencia Nacional que da por probado que el partido contaba con fondos opacos.

Todo esto se pagó gracias a un incremento de la facturación entre Thematica y Imelsa. «Allí no había ningún control», ha lamentado el fiscal. Por ese motivo, el plan delictivo se desarrolló sin impedimentos. En el registro de la vivienda de Medina, se encontró la documentación de esos ejercicios en el Tribunal de Cuentas donde no se incluyen los eventos ahora cuestionados. Tampoco ningún método de pago diferente a los que supuestamente se hicieron de la empresa pública.

El segundo de los supuestos delictivos es el amaño del Bibliobus. La funcionaria del Ayuntamiento de Valencia, Francisca Tamarit, se concertó con Rafael García Barat para otorgarle el contrato de la biblioteca itinerante durante 2008 y 2009. Prueba de ello, «son los correos electrónicos».

El objetivo de aquello era «promocionar la lectura» en verano. La acusación ha detallado la falta de justificación de los gastos de Thematica y cómo se utilizaron facturas falsas de otras mercantiles para dar una apariencia de legalidad. «La fiesta del fraccionamiento», ha llegado a resumir el fiscal. En 2008 y 2009 lograron una ganancia de más de 50.0000 euros. «En 2010, el asalto iba a ser a lo grande, de más de 200.000 euros». Pero este finalmente no se celebró. Se ignoran los motivos.

Por último, el fiscal se ha referido al desvío de fondos públicos con el espectáculo Metamorfosis en el MuVim. La empresa de Barat y Benavent se embolsó 136.000 euros del evento musical y lumínico a través del concierto con otros empresarios que han reconocido su participación en la trama con facturación falsa.

El último aspecto ha sido la compra del ático de Benavent en Xàtiva, que luego completó con otra propiedad colindante a través de testaferros. «Dice la defensa que viene de una herencia», ha ironizado la acusación. «Pero no sabemos ni cuánto ni de quién». Lo que sí sostiene el responsable del ministerio fiscal es la acusación es que todo se pagó desde la empresa pública.

El director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, participó en el fraude. «Todo tiene un precio», ha precisado el fiscal. Y este se hizo llegar a través de enormes pagos de productividad, hasta de 20.000 euros al mes. Una cifra que no se corrresponde con otras personas que desempeñaron ese cargo. A cambio de ese dinero, se hacía la vista gorda para la autorización de las facturas que le interesaban al exgerente. Y de ahí el desvío de fondos. «Su posición es vital para el abono de las facturas; con su firma avalaba la realidad de los servicios».

La mañana se ha cerrado con la defensa de Jorge Carbó, que ejerce como responsable del PP. El letrado rechaza la tesis del fiscal de que los actos electorales los pagó Imelsa. «No hay ninguna prueba». Resulta «verosímil» la otra alternativa, la de que los ediles de Moncada abonaron esos eventos. Pero, además, en el caso de que la Sala diera por probados los hechos, considera que el PP no es el responsable civil subsidiario porque las personas acusadas no son «dependientes» del propio partido -con sueldo de la organización-. De igual modo, los beneficiarios serían los candidatos que consiguen revalidar su alcaldía, pero nunca la formación política, según su argumentario.