El fiscal jefe de Castellón dimite tras saltarse el protocolo para vacunarse

José Luis Cuesta cerró su etapa como fiscal jefe de Castellón con un error mayúsculo y, en cierta medida, incomprensible en un cargo de su naturaleza. El máximo responsable del ministerio público en la provincia presentó este miércoles su renuncia a la fiscal general del Estado -motivos personales, adujo- horas después de que se conociera que ya estaba vacunado contra el Covid incumpliendo de este modo el protocolo del Gobierno.

La Conselleria de Sanidad ha iniciado una investigación para conocer las circunstancias en las que se produjo esa vacunación así como el lugar en el que recibió la dosis. En estas averiguaciones se incluye incluso la posibilidad de que consiguiera la vacuna a través de su mujer, que es coordinadora de un centro de salud de Castellón, según indicaron fuentes conocedoras del caso. Según informó la Cadena Ser no se descarta que otros familiares también se hayan vacunado.

Cuesta, de 65 años, termina una etapa con sabor amargo, consciente que este episodio lastra toda una carrera de prestigio. Era su segundo mandato al frente de Castellón tras su paso por la Fiscalía de Menores. Una persona con amplios conocimientos de legislación y jurisprudencia y de un trato exquisito con los medios de comunicación. Es miembro de la conservadora Asociación de Fiscales.

Los últimos meses de Cuesta, no obstante, ya estaban siendo complicados. El fiscal mantenía una guerra abierta con los jueces de Instrucción de Castellón, que habían trasladado sus quejas hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dada la gravedad de las acusaciones. Los magistrados le acusan de injerencias en su labor e incluso de frenar un procedimiento de abusos sexuales en un centro de discapacitados de la provincia y retrasar con su actuación las diligencias judiciales.

No fue la única renuncia de la jornada, aunque si la de mayor envergadura. El otro abandono lo protagonizó una edil de Dénia. La mujer aseguró este miércoles que no era consciente de la gravedad de los hechos, «seguí unas instrucciones o consejos desde Salud Pública», aunque reconoció que «nadie me puso la pistola en el pecho y si había una vacuna, podía no haber levantado el jersey para ponérmela».

Según Morera fue el pasado día 12 de enero cuando recibió una llamada «a las 20 horas» para que coordinase la búsqueda de varias personas a las que poder suministrar unas dosis sobrantes. «Tan sólo tenía un margen de 15 minutos por lo que eché mano del teléfono y contacte con las personas que sabía que podían atender a la petición. Si me hubiesen llamado el día antes, posiblemente hubiese buscado a otras personas».

La edil no quiso confirmar si se trataba de personas de su entorno, entre ellos su marido, «quiero que se respete la protección de datos». Además exigió a Salud Pública constate en el informe «porqué me llamaron a mi o si no había otro protocolo estipulado».