La Fiscalía apoya una comisión rogatoria a EE UU para bloquear 9 millones de euros de la estafa gestada en colegios de elite de Valencia

Todavía no se ha producido la extradición, aseguran fuentes judiciales. El empresario ha informado al juzgado que dispone una cuenta en Estados Unidos, con un saldo de 9 millones de euros, cantidad que supuestamente serviría pare resarcir a las víctimas. La representación legal de las víctimas ha reclamado una comisión rogatoria para comprobar primero la existencia de ese depósito y, en segundo lugar, el bloqueo inmediato de esas cantidades. La Fiscalía secunda la propuesta. La instructora, de momento, no ha acordado la medida, una diligencia que no destaca por su agilidad.

Mientras, otro grupo de perjudicados, cuya denuncia -la primera que se presentó- llegó a Instrucción 17 se han encontrado con la oposición de la juez a abrir una investigación. Ya lo hizo en un primer momento y se ha vuelto a ratificar ahora, tras la solicitud de reapertura del caso al comprobar los avances que se estaban produciendo en el otro órgano judicial.

La denuncia inicial en Instrucción 17 se presentó en junio de 2022. Tras el archivo del juzgado, la Audiencia ratificó la decisión en diciembre de ese mismo año. La querella apuntaba la existencia de un delito de estafa o de manera alternativa, otro de apropiación indebida. En total, eran 18 personas, aunque parte de estas lograron que les devolvieran el dinero antes de iniciar acciones judiciales.

El representante legal ha tratado de lograr la reactivación de la causa a través, fundamentalmente, de las noticias que durante los últimos meses LAS PROVINCIAS ha publicado acerca de la actividad de Laureano y su empresa Expa S.L., la mercantil, con sede en Valencia, desde la cual se suscribían las controvertidas cuentas de participación.

La mercantil bajo sospecha ofrecía unos intereses altísimos, fuera de toda la oferta de mercado. Con los anteriores contratos participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Todo era una estratagema, según apuntan las pesquisas judiciales.

El juzgado de Instrucción 17 considera, en cambio, que no se pueden reabrir las diligencias por dos artículos de prensa que hacen referencia a un procedimiento que se tramita en otro juzgado de Instrucción «por hechos distintos de los que motivaron la incoación del presente procedimiento».

La jueza recuerda que la interpretación de los hechos que efectuó en un primer momento, y que fue avalada por la Audiencia, es que se trata de «un negocio civil que ni siquiera ha salido mal, en su integridad» y donde no se revela la existencia de indicios de delito de estafa.

La posibilidad para este grupo de afectados pasa ahora por un recurso ante la Audiencia para que el tribunal fuerce la reapertura de la investigación o bien tratar de sumarse a la denuncia que con más éxito se investiga ahora en Instrucción 2 de Valencia. La titular de este órgano ya había iniciado averiguaciones patrimoniales del detenido y de su entorno para tratar de aclarar dónde se desvió el dinero de los inversores, familias con importantes ingresos económicos.