Los acusados 'zombies' pactan con el fiscal una condena de 14 meses de cárcel y la devolución del dinero

Pero a medida que el tribunal iba adelantando su decisión, en el sentido de mantener la celebración del juicio, ha sido todavía más claro: «Os lo pido por favor, tengo falta de confianza en mi abogada. Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (...) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento». A continuación, su letrada ha manifestado que ahora la que ya no quería continuar con la defensa era ella. Pero el tribunal no se lo ha permitido. Un arranque estrafalario de una vista como esta. No defrauda las expectativas de un juicio donde se sientan en el banquillo Marcos Benavent y Alfonso Rus.

La Fiscalía ha comenzado sus cuestiones previas con el anuncio de una decena de conformidades, todas relacionadas con los zombies en la que se incluye también la del empresario José Adolfo Vedri. Los pactos, que incluyen el reconocimiento de culpabilidad, contemplan unas penas de 14 meses de prisión. Ocho por el delito de malversacion y seis por la falsedad. Además, de la devolución de las cantidades íntegras que cobraron en su día como falsos trabajadores. En este sentido, el ministerio público ha podido recuperar unos 200.000 euros. Entre los conformados, destaca el que fuera jugador del Olímpic de Xàtiva, Miguel Ángel Mullor, o el extestaferro de Benavent, José Estarlich.

La Fiscalía, en las cuestiones previas, ha solicitado que declaren con anterioridad al resto de acusados. De igual modo, ha reclamado la testifical del suegro de Benavent, Mariano López y del presidente de la Diputación, Toni Gaspar. Y, por último, la comparecencia de un perito de la UCO, sobre una pericial informática.

La defensa de Alfonso Rus se ha opuesto a la petición del fiscal para que venga un agente de la UCO para contrarrestar el informe pericial del expresidente que cuestiona el inicio de la investigación porque los audios no partieron supuestamente del ordenador del suegro. Sostiene que el fiscal debería haber traído un informe pericial, algo que no ha ocurrido. El abogado de Benavent ha unido sus intereses a Rus y también se opone al intento de la acusación fiscal de contrarrestar la pericial informática.

El tribunal ha aceptado la pericial propuesta por Rus que cuestiona el origen de los audios. En definitiva, es regresar al embrollo de los pendrives que contienen los famosos audios, el de Rosa Pérez, entonces diputada y hoy consellera de Transparencia, y el del suegro de Marcos Benavent. El letrado cuestiona la cadena de custodia de estas memorias. Ahora parece que los audios no proceden del ordenador del suegro, Mariano López, según el dosier. Toda la investigación se basa en el pendrive de Pérez Garijo.

El abogado del expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, ha pedido la nulidad del caso Imelsa al ver «manipulación» en el pendrive que originó el procedimiento. «Todos los informes de la causa han sido realizados tras el examen el pendrive de Rosa Pérez, no legalizado y sin cadena de custodia. Rosa Pérez hizo una selección de grandes éxitos, lo manipuló y Mariano hizo exactamente lo mismo», incidió. Respecto a estas cuestiones, la Sala ha descartado entrar en el análisis de la vulneración de derechos fundamentales. Esto sólo se hará en la sentencia y, en definitiva, una vez practicada la prueba del informe.

El fiscal Anticorrupción se ha opuesto a la nulidad y ha negado cualquier tipo de manipulación. «El pendrive de Rosa Pérez se entregó al juzgado de Instrucción y se admitieron los documentos. También fue objeto de análisis por parte de la UCO. No entendemos si ha habido alguna desconexión», ha dicho. Al mismo tiempo, ha recordado que Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', no manifestó «en ningún momento» a lo largo el procedimiento que los audios que grabó estuvieran manipulados. «En numerosas declaraciones ha manifestado ante el juez que los audios los grabó él y que no estaban manipulados», ha insistido. Sin embargo, hace unos meses, con motivo el primer juicio de Imelsa, por la pieza Thematica, el acusado cambió su versión.

Anticorrupción mantiene una severa petición de pena para los principales cabecillas de esta particular 'agencia de colocación'. En un primer segmento de los acusados, se sitúa el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, su mano derecha Emilio Llopis y el que fuera consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. Todos ellos se enfrentan a 12 años de cárcel.

La Fiscalía considera que la «organización criminal» tenía como objetivo contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal. Esto no respondía a un interés público, sino a ejecutar los favores políticos. Rus se servía de Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa (la empresa de los colegios) y de Marcos Benavent, responsable de Imelsa.