La fiscalía pide investigar a la vicepresidenta de la Diputación de Compromís por prevaricación

La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado que se llame a declarar en calidad de investigados a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó; al coordinador general de alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, y exdiputado provincial, Josep Bort y la jefa de servicio de la corporación provincial Eugenia Hernández, por un posible delito de prevaricación por el nombramiento de una alta funcionaria como jefa de sección jurídico-administrativa en el área de Medio Ambiente en la Diputación de Valencia.

El procedimiento arranca de una denuncia presentada por UGT en la institución que preside Toni Gaspar. Tal y como relata el ministerio público, en el marco a la designación de esa funcionaria, actual secretaria-interventora del Ayuntamiento de Albalat de la Ribera, «se realizaron ciertas conductas tendentes a conseguir el nombramiento de persona determinada (...) que no ostentaba los requisitos para dicho nombramiento».

¿Quién protagonizó esas conductas? El escrito del fiscal señala explícitamente al exdiputado provincial Bort y a la jefa de servicio Eugenia Hernández y les pone fecha: arrancaron el 7 de febrero de 2019.

¿Y cuáles eran esos requisitos que no cumplía? Tal y como informó este diario el pasado mes de junio, la citada funcionaria Pilar Matilde Clara Sáenz de la Torre de Trasierra carecía de la condición de Técnico de Administración General (TAG) que requería el puesto de trabajo. Pese a ello, la corporación procedió a su nombramiento «no obstante las advertencias de ilegalidad».

Esas advertencias de ilegalidad por parte de UGT provocaron que la corporación provincial anulara el decreto de nombramiento. Sin embargo, tal y como detalla la fiscalía, «inmediatamente después se presentó por la diputada del área de Medio Ambiente, Maria Josep Amigó, escrito solicitando el cambio de adscripción de la plaza (...) con la aparente finalidad de ajustar el puesto a las características de Sáenz». El pleno de la Diputación del pasado mes de junio aprobó ese cambio de adscripción. Y el ministerio público subraya que se hizo con la intención de «disimular la personalización de las características del puesto».

Tal y como informó este diario, tanto UGT como la Agencia Antifraude ya habían advertido de las irregularidades. De hecho, esos avisos son los que derivaron en la anulación de esa comisión. Sólo cinco días después, el 15 de enero, Amigó presentó la solicitud de cambio de adscripción de la plaza, para que pudiera ser ocupada por funcionarios habilitados nacionales de la Administración Local, como Sáenz, en lugar de por TAG.

Bort, convertido ahora en asesor principal de Ribó, estuvo en el área de Medio Ambiente de la corporación. Su paso quedó marcado por la utilización de las instalaciones públicas para revisar su coche y por los viajes por todo el mundo para seguir a los equipos del consorcio de bomberos en el mundial de excarcelación.