El fiscal pide dos años y medio de cárcel para Camps por los contratos de Gürtel

Francisco Camps suma un nuevo problema a su ya de por sí complicado horizonte judicial. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y medio de cárcel para el expresidente de la Generalitat por el trato de favor a las empresas de la trama Gürtel en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana. El ministerio público le atribuye los delitos de prevaricación -por el que reclama diez años de inhabilitación- y el de fraude a la administración, ilícito castigado con la pena de privación de libertad.

Camps había logrado esquivar hasta ahora los tentáculos de la trama Gürtel. El único asunto en el que se vio envuelto fue el de los famosos trajes. Un jurado popular le absolvió. Pero en aquel procedimiento sólo se enjuiciaba el cohecho de aceptar regalos por su condición de autoridad -el mismo tipo que el de Alfonso Grau- sin que mediara otra contraprestación. El instructor del TSJ se opuso en su día a vincular ambas cuestiones. Enterrado ese caso, el expresidente no había sido imputado en el resto de piezas de este asunto. Ni la visita del Papa, ni el delito electoral, ni la pieza de las contrataciones... Pero llegó la confesión de Ricardo Costa y la caja B de los populares y el futuro empezó a pintar más negro para Camps. Y fue entonces cuando la Fiscalía solicitó reabrir esta pieza, en la que los exconsellers Luis Rosado, Manuel Cervera y Alicia de Miguel ya estaban acusados, para terminar pidiendo cárcel para el exjefe del Palau.

Anticorrupción sostiene que el desembarco de los hombres de Francisco Correa se produjo «para aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció Camps...no sólo para la organización de actos del PP sino con el objetivo posterior de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos en eventos organizados por la Administración». Esta expansión del negocio se hizo a través de la mercantil Orange Market, comandada por Álvaro Pérez, 'el Bigotes' quien tenía una «estrecha y fluida relación» con Camps. Por este motivo, el entonces presidente facilitó al Bigotes el acceso a altos cargos «con poder decisorio en intervención destacable» en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de Fitur y otras ferias». Estos, siempre según el relato del fiscal, siguieron instrucciones de Camps. El quid del asunto se centra únicamente en el stand de grandes proyectos de Fitur 2009. El contrato comprendía el diseño, pero no el montaje. El fiscal mantiene que para compensar a Orange Market «por la elevada deuda acumulada hasta 2008» por los actos del PP, Camps «dispuso que se adjudicara directamente el contrato del montaje» y pasó las competencias a Presidencia a través de la Dirección General de Promoción Institucional. La acusación considera que Camps «dio toda una serie de instrucciones verbales» a Dora Ibars. Esto hizo que el Bigotes conociera con anterioridad las necesidades de producción y montaje del expositor. El coste de la instalación superaba los 360.000 euros y lo debían abonar las diferentes entidades públicas que participaban como el Consell Valencià de l'Esport, Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Gestora para la imagen Estratégica, la Fundación del Palau de les Arts, entre otras. La investigación judicial dio al traste con estos pagos.

Confirman el fallo de la caja B

La Audiencia, por otra parte, ha confirmado la condena a 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana de Gürtel que recurrieron la sentencia, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal del partido en las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. También fueron condenados la exgerente Cristina Ibáñez, el exvicepresidente de la formación David Serra (3 años y 8 meses) y la extesorera Yolanda García, a 4 meses.