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La pieza de los contratos de Circuito Motor para la celebración de la Fórmula 1 en Valencia afronta su recta final con la solicitud de más diligencias tras los indicios de irregularidades en contrataciones para el evento automovilístico. La tesis inicial de Anticorrupción en este asunto -el de menos repercusión mediática pero donde más claramente sobresalen los indicios- fue que Valmor decidía quién prestaría el servicio pese a que el trámite se realizaba desde la empresa publica.
El ministerio público ha solicitado recientemente la declaración de Julio García, el que fuera director general del Circuito Ricardo Tormo de Cheste y hermano del exdirector general de RTVV, Pedro García, acusado en la pieza de Gürtel sobre las pantallas de la visita del Papa a Valencia. Además de esta comparecencia, se reclama también la de Desamparados del Valle, técnico de la Administración, que participó de manera capital en estos procesos.
El análisis de toda la documentación permite sostener la existencia de irregularidades en la adjudicación de la Red Tetra, un avanzado sistema de comunicación. La información que consta en la causa lleva a la conclusión de que los documentos del expediente no fueron elaborados ni firmados en las fechas que se recogen. Es decir, que todo eso fue una simulación para hacer creer que se habían seguido los cauces legales. Por ejemplo, el mismo día que se enviaban ofertas a otras mercantiles para que participaran, Del Valle enviaba un correo en el que ya adelantaba el beneficiario de esta contratación.
Una situación similar parece que se ha producido también en la adjudicación de los sistemas de control de accesos al recinto. En este trámite se dan unas circunstancias sorprendentes. Así, se pide al administrador de una de las firmas que se presentaba a operar el servicio -y que resultó ganadora– que dé los nombres de las otras dos mercantiles que concurrirán a la oferta. Se trata de la firma Ingematic. Además, el hecho de que ganaran esa primera opción hizo que repitiera en las siguientes ediciones al tratarse de un procedimiento negociado sin publicidad.
Aparte de las citaciones del exresponsable del Circuito y de la técnico en administración, también se pide la comparecencia de los empresarios que han participado en estos procesos ahora puestos bajo sospecha. Estas nuevas revelaciones se suman a los indicios existentes también sobre los contratos de megafonía y el de la dirección y control de carrera, tal y como LAS PROVINCIAS informó recientemente. Está por ver qué delitos enmarcarían finalmente en estos hechos. La prevaricación parece clara, pero este ilícito no tiene pena de prisión. También puede existir un delito de malversación, con consecuencias más graves para los investigados.
El resto de asuntos de la F-1 no reúnen tantas probabilidades de que finalmente haya acusación. La organización de la F-1 y la negociación con Bernie Ecclestone quedó archivada y Camps fue exculpado. Ahora se ha reabierto para analizar únicamente el trámite administrativo del proceso para que la Generalitat pasara a ser avalista del evento.
Respecto a la compra de Valmor por el Consell por un euro se pidió el archivo por parte de la Fiscalía. La Generalitat se ha opuesto. El caso de las obras del circuito se archivó hace unos meses.
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