La Fiscalía atribuye a Mónica Oltra un plan para exculpar a su exmarido de los abusos sexuales a una menor

El ministerio público considera que es la actuación de la Generalitat es «incompatible e incomprensible» en un asunto de esta gravedad. Los calificativos hacen referencia al hecho de que durante meses no se comunicara a la Policía ni a la Fiscalía la existencia de una denuncia por abusos contra el citado educador.

Pero también recoge un severo reproche a la investigación paralela que ordenó Oltra -ahora en su último escrito lo niega para esquivar una imputación- y que tenía como objetivo «desacreditar a la menor y exculpar a la Conselleria de Igualdad, beneficiando de esta manera al autor material de los hechos, a Oltra y a todos los intervinientes».

El TSJ debe decidir ahora si investiga un supuesto encubrimiento por parte de la Conselleria debido al parentesco del sospechoso con la líder de Compromís.

El informe hace un extenso repaso de los puntos más destacados de la exposición motivada del juez y su vinculación con la consellera como el hecho de que una técnico del centro hablara de sus «superiores» refiriéndose a la Conselleria de Igualdad o incluso si la propia consellera seguía siendo pareja del educador condenado mientras se practicaba esa primera fase de la investigación. Esas averiguaciones concluyeron que la víctima no tenía credibilad. De esto nunca se informó a la Fiscalía. Son 45 hechos destacados para el ministerio fiscal, que abordan también la condena al docente y los posteriores recursos.

Es el último apartado, el de la valoración jurídico penal, sin duda, el más interesante. La Fiscalía divide todo el asunto en cuatro periodos o capítulos diferenciados. Los más relevantes son el primero y el último. El inicial consiste en la denuncia de la menor sobre los abusos a personas ajenas del centro y cómo en las dependencias no se le hace caso al resolver que no es creíble. «Tenemos una actuación incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos. La Generalitat Valenciana tiene la tutela de menor, se comunica por la misma que está sufriendo unos abusos sexuales, y no durante poco tiempo, por parte de un educador en un Centro de Acogida y no sólo no se denuncian los hechos sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia», recoge el fiscal.

Sólo cuatro meses después de la primera denuncia de la menor, la investigación sale de la Conselleria de Igualdad y lo hace por una circunstancia casi casual, la denuncia de dos agentes de la Policía Autonómica a quienes casi por azar la joven les relata, una vez más, los episodios de abusos que había padecido.

Tras el repaso de todas las actuaciones del centro y de la conselleria -reuniones con la víctima en las que ni siquiera se le pregunta por los abusos- resulta «preciso e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de esclarecer estos abusos». Y la Fiscalía no tiene dudas, con los indicios que constan hasta la fecha, de que existen indicios de notable «intensidad« que dejan entrever de nuevo »la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos».

Una conclusión idéntica a la que alcanzó el juez instructor para quien todo este proceso fue un paripé. De esta forma, según la acusación pública, «se impidió una investigación policial, fiscal y judicial». Oltra, tal y como recuerda el fiscal, era la superior jerárquica de todos los funcionarios que supuestamente desatendieron sus obligaciones. Y además en aquel momento el denunciado era el marido de la consellera. Se ignora -dice el escrito-si mantuvieron relación durante este periodo.

El último de los periodos, del 4 al 24 de agosto de 2017, aparece como el más comprometedor para la ejemplaridad de Oltra. Es el famoso expediente informativo que ordenó Oltra y que ahora niega ser al ideóloga. «Carece de sentido» para la fiscal, y así lo destaca, que esto se inicie seis meses después de que la víctima denunciar los abusos. Para la acusación pública es notorio el «sesgo» que reúne ese expediente.

La acusación sostiene que el objetivo era «liberar responsabilidades a la Generalitat y a las personas o organismos que ejercían o intervenían la tutela de la menor». La fiscal llega a la misma tesis que en su día el juez. Es posible un error de un funcionario. «Pero, ¿todos se equivocaron?». «Es difícilmente creíble». Es ahí donde se intuye la mano de la vicepresidenta. «Se deduce la existencia de una directriz de actuación para disminuir la importancia y ocultar los abusos».

¿Y cuál podría ser la intencionalidad de todo aquello?, reflexiona la fiscal. «El beneficiario directo era Luis Eduardo, el marido de la consellera. Pero también ella se beneficiaba porque era un medio idóneo para eludir las responsabilidades políticas y penales».

De ahí, la fiscalía apunta a que Oltra dio la orden del citado expediente pese a que había un procedimiento judicial en curso. Pero claro, ese no podía «controlarse». El resultado fue un expediente para «desacreditar a la menor y exculpar a la conselleria de Igualdad beneficiando al autor material y a Oltra». Una forma de protegerse a posteriori de la falta de actividad en la primera fase de la investigación.

Llama la atención que la menor conociera que el abusador era el marido de Oltra, pero ninguno de los funcionarios conociera esta circunstancia, siempre según sus declaraciones. Y más sorprendente resulta que en el procedimiento abierto no se identifique al docente con sus datos personales.

La Fiscalía apunta a la existencia de un «plan establecido». Sólo de esta forma se puede explicar el comportamiento de todos los funcionarios. «La orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal». Y un indicio de esto es que todos «mantienen la misma versión exculpatoria de la conselleria».

El escrito lo firma la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert, próxima a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Otro argumento que entierra la teoría de Oltra de que todo es una cacería de la extrema derecha.