Los fondos europeos pillan al Consell sin los planes antifraude necesarios para gestionarlos

La Comisión Europea anunció esta misma semana la llegada a España de los primeros 10.000 millones de euros del plan de recuperación que Bruselas ha puesto en circulación para tratar de hacer frente a los efectos de la crisis del coronavirus. Para poder disponer de estos fondos, las instituciones que se encargarán de gestionar las partidas deberán cumplir con numerosos requisitos marcados por Europa, par garantizar el buen uso de los fondos y el correcto funcionamiento de los mecanismos de control. Para ello, el Ministerio de Hacienda publicó el pasado 30 de septiembre la orden por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para poder emplear los fondos. Y entre las muchas condiciones que hay que cumplir está la puesta en marcha de planes de medidas antifraude. Para ello, las distintas administraciones tienen un plazo de 90 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero, casi tres meses después de la orden, la Generalitat no tiene todavía listos los planes antifraude de sus doce consellerias y de las entidades de su sector público empresarial.

Con una interpretación de la orden estricta, el plazo para tener en marcha los planes antifraude finalizaría hoy mismo, pero si los 90 días se consideran hábiles, el plazo expira a finales del mes de enero. En cualquier caso, las consellerias consultadas reconocen que no han tramitado aún los planes de medidas antifraude. De hecho, la Generalitat reunió el martes la Comisión Interdepartamental para la Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas (CIPIMAP) en la Administración y su sector público instrumental, donde se valoró este asunto. Algunas consellerias han mostrado ya sus dudas respecto al retraso de los planes y la falta de información para llevarlos a cabo.

La orden ministerial es clara, respecto a las órdenes de Bruselas y reconoce las condiciones que impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea como beneficiario de los fondos del mecanismo de recuperación, «toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas deberá disponer de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses». Pero en el Consell acabarán mañana el año sin ellos.

Desde la Agencia Antifraude reconocieron ayer que desde la Generalitat han existido ciertas resistencias a entender que esta vez la orden de Bruselas iba en serio y ha sido a última hora, con el dinero ya en España, cuando se han dado cuenta de que los deberes estaban sin hacer y han solicitado ayuda. De hecho, la Agencia ha mantenido ya varias reuniones con distintos organismos, entre ellos, la Generalitat. De hecho, otras instituciones como el Ayuntamiento de Castelló sí cuentan ya con sus planes antifraude y otros, como el de Valencia, están a punto de aprobarlos. Países como Italia ya contaban con normas como esta.

El Consell tiene aún unas semanas para redactar su medio centenar de planes con los que velar por el buen uso del dinero llegado de Europa. Los documentos deben hacer una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

Y, aunque no existan aún los planes, la Inspección General de Servicios (IGS), dependiente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, ya ha anunciado que colaborará en el control de la gestión de los fondos europeos que correspondan a la Generalitat y ha elaborado los mapas de riesgos y los planes individuales de autoevaluación . El órgano de control interno del Consell elaborará una metodología, basada en mapas de riesgos y planes de autoevaluación, para aplicar a la gestión de las ayudas de las instituciones europeas para la recuperación económica tras

La Inspección General de Servicios (IGS), dependiente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, colaborará en el control de la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea que correspondan a la Generalitat Valenciana. El órgano de control interno del Consell elaborará una metodología, basada en mapas de riesgos y planes de autoevaluación, para aplicar a la gestión de las ayudas de las instituciones europeas para la recuperación económica tras la pandemia de la Covid-19.