Francis Puig y los Adell Bover lideran un cartel de 12 firmas para cobrar ayudas públicas

La investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Valencia sobre las subvenciones públicas concedidas a las empresas de Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que tal y como desveló ayer este diario suma una nueva empresa -Lamp Telecom- que se añade a las ya conocidas de Comunicacions dels Ports y Mas Mut, tiene puesto el foco en un total de doce firmas vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales. Porque esa cifra, doce, es exactamente el número de empresas propiedad de Puig o de la familia Adell Bover, socios del hermano del presidente de la Generalitat en diversos trabajos realizados, tal y como consta en numerosas facturas y correos electrónicos que están en el juzgado.

A las tres firmas mencionadas, vinculadas todas ellas a Francis Puig -y que en apenas un día (DOGV de 21 de marzo de 2019) se embolsaron 95.000 euros en ayudas públicas-, hay que sumar otras nueve en las que la familia Adell Bover posee intereses. Dos de ellas, Kriol Produccions y Canal Maestrat han ingresado desde la llegada del Consell del Botánico decenas de miles de euros en subvenciones públicas. Unas ayudas que superan los 1,2 millones desde 2015.

A esas dos firmas se suman Bicuda Produccions, Primera Plana Media, Comunicacions Plana Baixa, Ona Valenciana, TV CS Retransmissions, Nova CB y Primera Plana Producciones. Canal Maestrat y Kriol fueron el germen de una estrategia para crear nuevas productoras con el fin de optar a más subvenciones.

La productora Bicuda dio paso a Ona Valenciana, en la que iba a participar Francis Puig pero que frenó su incorporación a última hora, y a la compra a Marina d'Or de Televisió de Castelló, una empresa que ha estado operando sin permiso.

Anticorrupción ya rastrea las subvenciones públicas recibidas por estas firmas. Tal y como se hizo público el pasado viernes, fiscalía ha reclamado al Gobierno valenciano y a la Diputación de Barcelona las facturas correspondientes a las ayudas recibidas para la promoción del valenciano, desde la sospecha que se pueden haber clonado gastos para justificar las ayudas de una y otra institución pública.

En el escrito de Anticorrupción, de hecho, se identifican hasta 18 contratos menores de Xarxa Audiovisual Local, propiedad de la Diputación de Barcelona, con Comunicacions dels Ports durante el año 2016, por algo más de 25.000 euros. Otra veintena en 2017 por más de 53.000 euros, y casi una treintena en 2018, por valor de 68.460 euros.

Las peticiones afectan únicamente a Comunicacions dels Ports, la firma principal de Francis Puig. Un requerimiento aprobado después de que el juzgado admitiera las dos ampliaciones de querella presentadas por el PP valenciano. Anticorrupción requiere también a la Dirección General de Empleo copia de los expedientes de las subvenciones del Avalem Joves otorgadas a Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Kriol Produccions y Canal Maestrat, por si no sólo se han incumplido las condiciones para justificar esas ayudas -la ampliación de plantilla de las empresas- como si se ha utilizado un hecho, las nóminas de trabajadores, que ya estaba subvencionado. En su escrito, el fiscal justifica estas peticiones en la necesidad de calcular el importe total de las subvenciones concedidas para estudiar su legalidad, así como su compatibilidad en relación con los conceptos.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso este diario, se sugiere ya cuál será el siguiente paso de Anticorrupción. En concreto, se remarca que «en la medida que está pendiente de resolver la solicitud de ampliación de la querella dirigida contra las personas encargadas de la gestión de las sociedades mercantiles Canal Maestrat, Kriol y Nova CB, así como la solicitud de diligencias que se interesaron en ese escrito y el emitido por el fiscal el 3 de diciembre de 2019, una vez se resuelva sobre dicho extremo, se informará sobre la práctica de las diligencias que afectan a estas mercantiles y otras que pudieran estar relacionadas con las mismas».

La vinculación entre las firmas del hermano del presidente de la Generalitat y las de la familia Adell Bover arranca de un paso en falso, cuando À Punt dio la voz de alarma tras detectar el pacto de precios entre las empresas de Francis Puig y la familia Adell Bover para llevarse varios lotes del concurso público para adjudicar el servicio de corresponsalías. Una maniobra que aspiraba a pasar desapercibida y que abrió la investigación del caso de las productoras de televisión de Castellón.

En el acta notarial de constitución de Comunicacions dels Ports, que figura entre la documentación presentada al juzgado que investiga el caso, figura la relación de casi sesenta socios fundadores de la firma, constituida con un capital social de 1.890.000 pesetas. Entre quienes suscribieron acciones figura el exdirector general de Turismo José Manuel Gisbert -que en 2019 tramitó una subvención para la firma– y el actual secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer. El PPCV ha solicitado que comparezca en Les Corts.