La red de Francis Puig alega que catalán y valenciano no es lo mismo para exculparse

valencia. Los socios de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, pretenden cerrar cuanto antes la investigación judicial sobre las irregularidades en la obtención de subvenciones, De entrada, evitan plantear la legalidad de los métodos empleados para nutrir de fondos públicos determinadas mercantiles con el argumento de la promoción del valenciano. Su objetivo parece ser que el juzgado de Instrucción 4 de Valencia, encargado del asunto, dé inmediatamente carpetazo a las actuaciones. Con ese cometido, en un reciente escrito, la defensa de los socios de Puig en el conocido como cartel de las productoras se acoge a que las subvenciones investigadas no sobrepasan los 120.000 euros al año y, por tanto, no hay delito.

Esta ha sido desde el principio la clave de todo este asunto. Si no se llega a esa cantidad se puede hablar de irregularidades administrativas -no dejarían de ser importantes en el daño al entorno del presidente-, pero se alejaría un reproche penal a la trama, una hipótesis que sí supondría una verdadera grieta en Presidencia. Por tanto, siendo esa la meta, la defensa de los Adell Bover no duda en desplegar todos los argumentos a su alcance. El último es que el valenciano y el catalán son dos idiomas diferentes.

Los Adell Bover disponen de un buen número de sociedades. Canal Maestrat, Kriol Produccions, Nova CB, TVCS Retransmisiones. La defensa ha presentado un informe en el que recoge que ninguna de esas mercantiles en ninguno de los años investigados superó los 120.000 euros de ayuda. Sin embargo, encuentran un 'problema' con una de las empresas, denominada Canal Maestrat.

Esta sociedad recibió en 2015, año de la llegada del Botánico a la Generalitat, más de 100.000 euros de la Dirección General de Política Lingüística. Pero también contó con otra ayuda de la Generalitat de Cataluña para el fomento del catalán. La dirección legal de los empresarios alega que se cobró un año más tarde aunque el epígrafe, en realidad, sea de 2015. En cualquier caso, se apresuran a restar cualquier posibilidad de computarlas juntas porque lo que tratan de fomentar es el catalán y no el valenciano. «Son dos idiomas distintos y diferenciados», subraya la defensa. De esta forma, pretenden rechazar una misma finalidad de las subvenciones, algo que lógicamente iría en su contra en este procedimiento penal. Los letrados sustentan su tesis en los Estatutos de Autonomía de cada una de las regiones para hablar de lenguas independientes.

De nuevo recoge el mismo argumento para justificar las ayudas de otro ejercicio, también de los sometidos a escrutinio judicial: «El catalán es una lengua diferenciada del castellano».

Este investigado, Francis Puig también lo está en las diligencias, considera que no tiene sentido que la Guardia Civil continúe con su informe a la vista de que no se dan la condiciones que exige el delito. La Fiscalía Anticorrupción le encargó en su día a los agentes un análisis de todas las operaciones encaminadas a la obtención de fondos públicos y su desglose por años. El dosier todavía no se ha completado.