Francis Puig y sus socios recibirán 219.000 euros más en ayudas del Consell

La Conselleria de Educación ha vuelto a regar con más de 218.000 euros a las empresas que dirigen Francis Puig (hermano del presidente de la Generalitat) y sus socios, los Adell Bover, en la convocatoria de ayudas al valenciano para los medios de comunicación de este año. Comunicacions dels Ports, Mas Mut y TV CS, las dos primeras, las mismas firmas que en la actualidad están investigadas por un juzgado de Valencia, por presuntos delitos de fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos público en la concesión de estas mismas ayudas. Comunicacions dels Ports y Mas Mut fueron, además, en su día, sancionadas por la comisión de defensa de la competencia de la Conselleria de Economía por pactar precios en un concurso público de À Punt para designar varias corresponsalías.

Las ayudas ya han sido comunicadas a las empresas por parte de la Dirección general de Política Lingüística, que el jueves ya firmó la resolución para que los medios ganadores y los rechazados puedan plantear alegaciones, como ayer adelantó El Mundo. En el documento firmado por el director general de este área, Rubén Trenzano, se reparte 122.394 euros a la productora de Francis Puig, Comunicacions dels Ports. 26.454 para Nord TV, en la categoría de programas de televisión; 57.825 euros para el semanario comarcal Notícies, en la categoría de prensa escrita no diaria; y 38.115 euros para Els Ports Radio, en la categoría de radio.

En lo que a sus socios respecta, la productora Mas Mut ha obtenido 31.520 euros para la web de comarques Nord, en la categoría de medios de comunicación en línea, y tres ayudas que suman 64.101 euros para TV CS Retransmisiiones, en sus demarcaciones de Castelló, Maestrat y Els Ports. Esta empresa es la productora de los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig, que compraron en verano de 2019 para poder seguir operando tras la amenaza de sanción a Kriol y Canal Maestrat por pactar precios para ganar concursos. En total, 218.015 euros para las productoras del hermano de Puig y sus socios, investigados por el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, trata de esclarecer si los investigados han cometido los delitos de fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos públicos.

El PP, que es parte acusadora en este proceso, amplió en su día la querella para que se sume el delito de falsedad documental, una vez se ha hecho público el informe de la Guardia Civil sobre el cártel de las productoras. Pero, la acusación popular pretende ampliar el marco de estas diligencias hasta la fecha concentradas en graves irregularidades en la concesión de ayudas públicas. La causa está focalizada especialmente en el papel de Puig y sus socios en el conocido como cartel de las productoras. Es decir, una operativa de presentación de facturas ficticias para obtener subvenciones de la Generalitat por la que los cabecillas ya han declarado ante el juez. Además, las utilizaban para reclamar dinero de diferentes administraciones.

Pero, estar investigados por este presunto fraude de subvenciones no les impide seguir concursando, por lo que en esta edición volverán a recibir las ayudas. Algo similar a lo que ha sucedido en la radiotelevisión pública. Y es que hace semanas, las productoras de Francis Puig y sus socios fueron beneficiarios de 120.000 euros de À Punt para cubrir para la cadena autonómica la actualidad informativa en las comarcas de Els Ports y Alt Maestrat.

La adjudicación se produce casi dos años después de que Comunicacions dels Ports, la empresa de Francis Puig, fuera sancionada junto a las productoras de los hermanos Adell Bover (Canal Maestrat y Kriol) y la mercantil Visualiza a un pago de 46.000 euros por pactar precios para llevarse varios lotes de corresponsalías para À Punt. Fue la propia televisión autonómica la que denunció el caso y lo puso en conocimiento de Competencia, que en otoño de 2019 abrió el expediente sancionador.

Pero, en lo que a la investigación de las ayudas al valenciano se refiere, el PP valenciano sigue pidiendo que se practiquen más diligencias, como las conocidas esta semana. Una de ellas, la comparecencia como testigo de Vicent Marzà, exconseller de Educación en la época de los hechos. Marzá abandonó su responsabilidad esta pasada primavera tras comunicar que su etapa había terminado y optaba ahora por trabajar para el partido. El PP solicita al juez que pida información a la conselleria en relación con las subvenciones al fomento del valenciano en los medios de comunicación social a las sociedades mercantiles Canal Maestrat, Kriol, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, así como para que, en su caso, aporte los documentos que acrediten si los importes se habrían reintegrado. A Marzà se le quiere interrogar por los motivos por los que no consta que se haya solicitado el reintegro.

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, aseguró esta pasada semana que todo el conglomerado de empresas han usado sin «empacho ni control» seis consellerias y cuatro organismos de la Generalitat. «Se han conseguido llevar dos millones de euros de los valencianos entre subvenciones y contratos», ha precisado. Desde el PP han reclamado a la Generalitat que actúe para recuperar ese dinero por la vía administrativa y, por otra parte, que la Abogacía de la Generalitat se persone en la causa judicial. De hecho, sostienen que mantener su inacción en estos ámbitos puede tener consecuencias penales.

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