El funcionario clave en el call center defiende su informe, aunque admite problemas de funcionamiento

La jornada judicial ha arrancado con el testimonio de Salvador Deusa, el funcionario de la Diputación que supuestamente era el contacto del suegro de Benavent, Mariano López, para que Servimun lograra la adjudicación del centro telefónico, según la acusación de la Fiscalía.

Deusa fue en comisión de servicio a Imelsa «para poner aquello en orden». Estuvo desde enero de 2008 hasta diciembre de 2013. El funcionario se encargaba del seguimiento ordinario de todos los proyectos que encargaba la Diputación. El hombre ha querido aclarar que la iniciativa no era únicamente un call center sino un contact center, una medida más avanzada que incluye el servicio de atención telefónica, pero muchas otras actividades, según ha explicado.

«La tramitación previa fue igual que las del resto de encomiendas», ha dicho. Se elaboró un informe de la necesidad, luego se lleva a una comisión que tiene un informe de legalidad, otro presupuestario de la Intervención... Y una vez esa comisión lo vota, se pasa al Pleno de la Diputación, que lo vuelve a votar. De ahí sale un decreto donde se recoge el mandato. «Yo hice el informe de la necesidad de la contratación».

«Yo dependía del consejero delegado, pero no tenía a nadie a mi cargo. Bueno, en informática me preguntaban porque eran gente muy joven», ha querido aclarar. Tampoco recibía más dinero en Imelsa que en la Diputación.

Su defensa le ha preguntado por el pliego de condiciones técnicas, que fue contratado por Benavent a una empresa externa. «Lo firmamos el consejero delegado y yo». Pero se ha esforzado por desligarse de todo ese proceso. El administrativo, en cambio, lo hizo la dirección jurídica. Deusa ha explicado que se ha producido una confusión en la causa entre llamadas e incidencias porque una comunicación puede acumular varias consultas.

El acusado ha explicado que él fue el autor del informe de valoración, que era «un resumen de las ofertas presentadas». Pero este dosier no era vinculante, ha querido subrayar. Se utilizaron, según él, los mismos criterios que se emplean en la Administración. Ha admitido que existía una cierta presión social, desde los Ayuntamientos, por acelerar este servicio de atención al ciudadano. «Muchos se negaban a pagar ese impuesto».

Deusa ha negado tener relación con el expresidente Rus. «Hemos coincidido en un par de bodas y funerales», ha señalado. «No tenía interés directo ni indirecto en que se adjudicara a una determinada empresa». De igual modo, respecto a Mariano López ha coincidido en alguna cena de antiguos estudiantes. Ambos son de Xàtiva.

El acusado fue el responsable del contrato con la adjudicataria. El primer problema era el precio. «Había dos precios. Uno era el que había ofertado Servimun (842.000 euros). Pero se había hecho un plan de pagos mensual que finalmente dejaba por pagar 75.000 euros». Esto era un 10% del total. Es decir, según Deusa, se les pagó menos de lo que le correspondía a la citada mercantil.

También se impuso otro ahorro económica al descartar la confección de un manual de usuario del call center y cambiarlo por un seminario, tal y como se desprende de sus explicaciones. Por diferentes motivos, no se pudo poner en marcha un buzón de consultas, más puestos de atención así como que se registraran otras debilidades en el cumplimiento del contrato. «Pero esto hubiera pasado con cualquier empresa».

Respecto al visado de algunas facturas, ha señalado que no había una contabilidad presupuestaria en Imelsa, por eso lo hacía él -en todas las áreas, ha insistido- para controlar el gasto de acuerdo al presupuesto del que disponían. Ha lamentado, por otra parte, verse en una «guerra cruzada» entre el suegro y el yerno.