La Generalitat alquila 66 inmuebles en la Comunitat a pesar de poseer 143 sin uso

A pesar de las veces que los gestores explican que la Administración debe gestionarse de manera simple, la realidad es siempre más complicada que todas esas recetas sencillas. Una prueba de todas esas dificultades y obstáculos para hacer cosas aparentemente lógicas se encuentra al revisar el modo en que la Generalitat maneja los espacios públicos que posee o que alquila. Actualmente, el Consell paga arrendamientos por un total de 67 espacios, 66 de ellos en la Comunitat y uno en Bruselas. En Bélgica alquila un piso y una plaza de garaje para la delegación valenciana en la UE, mientras que en Alicante, Castellón y Valencia ocupa inmuebles por los que paga para emplearlos como juzgados, centros de salud o espacios para uso social. Mientras, posee 143 inmuebles sin uso o explotación, según un informe de la Inspección General de Servicios (IGS). Entre estos últimos están muchos de los 186 inmuebles que la Generalitat ha recibido por herencias sin dueño, fincas, pisos, parcelas y todo tipo de propiedades en la Comunitat, pero también en otras partes del país, muchas de ellas pendientes de gestionar, según la respuesta que la Conselleria de Hacienda ha dado a las preguntas sobre el patrimonio inmobiliario de la Generalitat realizada por el diputado de Ciudadanos en Les Corts, Vicente Fernández.

La Administración valenciana arrienda 67 inmuebles, uno en Bruselas, diez en la provincia de Alicante para instalaciones judiciales y para la Conselleria de Agricultura; siete en Castellón (utilizados como oficinas de empleo, de uso cultural, agrícola o judicial); y un total de 49 en la provincia de Valencia con el fin de ubicar centros de salud, sedes judiciales o ampliar archivos de los servicios públicos valencianos.

Entre los edificios recibidos por tratarse de herencias sin dueño, un total de 186 inmuebles, hay desde un piso en el centro de Barcelona, a diez minutos de la Sagrada Familia, a parcelas en Teruel, Albacete, Cáceres, Cantabria o Baleares. La mayor parte de ese patrimonio, no obstante, está situado en la Comunitat, y mucho de él está pendiente de uso o de darle una salida económica. Precisamente, un reciente informe de la IGS, señala que el Gobierno valenciano apenas es capaz de hacer un seguimiento de sus propios bienes, sus inmuebles, ni de sus contratos patrimoniales o de los alquileres en los que es arrendador.

«Se deben adoptar medidas para reducir el número de inmuebles patrimoniales ociosos, esto es, sin uso ni explotación: en dicha situación habría 143 inmuebles patrimoniales», señala textualmente el informe de la IGS que adelantó LAS PROVINCIAS, y según el cual se recomienda potenciar la optimización del patrimonio de la Generalitat a través de organismos que coordinen la recepción de todo ese material inmobiliario y la vez tenga presente las necesidades de espacio de las consellerias.