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A la Generalitat no le salen las cuentas con sus principales inquilinos. El 90% de los ingresos que recibe el Consell de aquellos ... que le alquilan instalaciones (unos dos proceden de dos inmuebles que, no obstante, al Gobierno valenciano le gustaría recuperar sus propiedades pero no puede. Es decir, que el Ejecutivo autonómico ni cobra lo que querría como casero ni puede disponer de la casa. Pura insatisfacción. Al Consell le gustaría recuperar un par de edificios que no le resolverían pero sí le aliviarían la escasez de espacio administrativo que afirma sufrir. Pero no puede, señalan desde el Ejecutivo, porque los contratos firmados durante la crisis económica de hace una década dejan el retorno de los inmuebles en manos de sus actuales inquilinos, que no son precisamente de los que se mudan fácilmente. El Consell ingresa anualmente cerca de 2,3 millones de euros como arrendador, de los cuales dos los recibe de la Agencia Tributaria y de Bershka, del grupo Inditex, por los edificios de la antigua Coput (Conselleria de Obras Públicas) en la avenida Blasco Ibáñez, y el situado en la calle Colón, 32 de Valencia, donde estaba la sede de la Conselleria de Economía y ahora se vende ropa. El de la Coput lo alquiló en julio de 2012 y el de Economía el mismo mes del año siguiente. Había que hacer caja. Al frente de la Conselleria de Hacienda estaba entonces Juan Carlos Moragues, posteriormente delegado del Gobierno en la Comunitat con Mariano Rajoy en la Moncloa.
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Se cobró por adelantado, algo más de un millón anual, que parece mucho pero para la Generalitat ahora es una renta muy ajustada en función del lugar que ocupan ambos inquilinos y la cantidad de metros cuadrados de los que disponen. En total, entre Coput (10.000 metros cuadrados construidos) y la antigua Economía son más de 16.000 metros cuadrados. El espacio permitiría reducir en un buen porcentaje la carencia de metros administrativos que sufre la Generalitat. Pero no. Porque los contratos firmados entonces, que aseguraron ingresos y liquidez rápida, obligan al casero, en este caso la Generalitat, ha permitir que el inquilino continúen en los inmuebles el tiempo que considere una vez pasados los cinco primeros años de compromiso obligatorio de alquiler por las dos partes. El Consell los quiere recuperar pero no puede. Hacienda lo intenta suplir a la vez que rehabilita edificios singulares con alto valor histórico. Es el caso del Palau de Tremolar, que ha costado cinco millones y para su rehabilitación se gastarán más de 440.000 euros. Es una política que la oposición critica.
«La Generalitat puede comprar palacetes, la cuestión es si ahora es momento de dedicarse a eso en vez de a rescatar personas, como ellos decían. La cuestión es por qué toma esa decisión política cuando tiene otras alternativas más económicas y funcionales para usos administrativos que un palacio. ¿Con qué cara decimos que necesitamos más financiación o que no pagamos las ayudas a autónomos, pymes y hosteleros si nos dedicamos a comprar palacetes por 5 millones de euros pendientes de rehabilitarlos para un uso administrativo?», indica el diputado del PP, Alfredo Castelló.
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