La Generalitat de Cataluña busca ya documentación para el informe de Francis Puig

Existen dos periciales que pueden ser determinantes en el curso de esta investigación judicial. Se trata de los dos informes encargados a la Intervención valenciana y a la Generalitat de Cataluña sobre las subvenciones que obtuvo el ahora sospechoso entramado empresarial.

Desde la Generalitat catalana ya se han puesto en contacto con la representación legal de Francis Puig para reclamar determinada información. La comunicación, algo confusa, parece sugerir que el Gobierno ha abierto un proceso de comprobación de las ayudas, pero la lógica lleva a pensar que se trata del informe pericial.

La abundante documentación y lo genérico del encargo por parte del juzgado plantea un problema de cómo elaborar esas periciales, según las fuentes judiciales. Se pensó en un primer momento en celebrar una reunión entre el juez, la fiscal y los responsables de las diferentes entidades para clarificar este aspecto. Finalmente no se hizo de esta forma. La última remesa de documentación aportada por los dos principales investigados al juzgado supera los siete terabytes de capacidad, lo que de buena idea de la magnitud de esta causa.

El organismo valenciano tiene el compromiso de presentar su informe el próximo mes de febrero, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Justo tres meses antes de los comicios municipales que muy probablemente irán unidos a los autonómicos. Y eso siempre que no se produzca un retraso, una circunstancia que no se descarta en un análisis de este tipo, condicionado siempre por la abundante documentación.

Este calendario forma parte del escrito que la Intervención ha enviado recientemente al juzgado que instruye la causa, donde Francis Puig y su socio en el conocido como cartel de las productoras, Adell Bover, figuran como imputados. La Fiscalía sostiene que existen indicios de que se duplicaron facturas y otras pudieran ser por servicios ficticios.

Esto fue lo que motivó el origen de la denuncia. La Intervención tiene ahora como objetivo aclarar si los conceptos eran subvencionables, descartar que se duplicaran facturas y ratificar que los servicios realmente existieron. Idéntico encargo para los compañeros de Cataluña.

El PP, por su parte, acaba de pedir la declaración del exconseller de Educación Vicent Marzà por una supuesta inacción en su labor de control sobre las ayudas que recibió el hermano del presidente. El desenlace de este asunto preocupa en Presidencia porque afecta directamente a la imagen de ejemplaridad que ha transmitido Ximo Puig durante sus dos legislaturas.