La Generalitat, condenada a pagar 10.000 euros por el despido de la víctima del ex de Mónica Oltra

La sentencia considera que se han vulnerado los derechos fundamentales de ambos jóvenes, que comenzaron a trabajar en el hospital en el verano de 2021. Ganaban algo más de 1.500 euros brutos, incluidas las pagas. En octubre de ese año, Torrevieja Salud UTE remitió los datos de sus trabajadores a la Conselleria de Sanidad, según recoge el fallo. En este proceso de subrogación surgieron problemas en cerca de 300 empleados de los más de 1.000 que tenía la empresa que gestionaba el hospital.

«Al día siguiente de la reversión, los dos demandantes acudieron al hospital para interesarse por su situación». Los responsables buscaron sus contratos, «pero nunca se pusieron en contacto con los interesados», apunta la resolución. De hecho, son los dos únicos casos de más de un millar de subrogaciones que se han quedado fuera del departamento. Y la propia Conselleria, en una resolución administrativa, admite que debió contar con estos dos empleados.

El juez, en un primer lugar, rechaza que se produjeran retrasos en la información remitida por la empresa concesionaria a la Conselleria de Sanidad. Además, se recuerda que la Generalitat habilitó un procedimiento para reducir todos los problemas generados en este complicado trámite administrativo. El 70% de la plantilla cobró con normalidad al mes siguiente.

La representación legal de la joven despedida sostiene que la actuación de Sanidad respondía a una especie de venganza por la denuncia que con anterioridad había interpuesto Tanco contra Luis Ramírez Icardi, el exmarido de la vicepresidenta del Consell. Este procedimiento, hoy pendiente del Tribunal Supremo, se saldó con una condena de cinco años de prisión.

En esta tesitura, la de la vulneración de derechos y el indicio de que el despido fue una represalia, correspondía a la Generalitat "probar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión empresarial". Y no ha sido el caso.

El juez destaca la ausencia de explicaciones por parte de la Generalitat más allá de alegar que el proceso de reversión "no fue pacífico" y que la empresa tardó en enviar toda la documentación. Pero esto no explica el porqué sólo esta pareja quedó excluida del proceso de subrogación.

Es más, señala el fallo, la propia conselleria "tan pronto tuvo conocimiento de la existencia de una demanda por despido, revisó el expediente de los demandantes, verificó la documentación con la que contaba, y regularizó su situación, reconociendo, en esencia, que los mismos debieron de haber sido subrogados al igual que ocurrió con latotalidad restante de la plantilla, 1.056 trabajadores.

Esta sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del TSJ, supone el cierre de una de las múltiples derivadas de todo lo que se ha originado tras la denuncia de Teresa Tanco. Por un lado, la condena de cinco años de cárcel al exmarido de Oltra, pero también la investigación judicial a la exvicepresidenta y su equipo por un supuesto encubrimiento de la denuncia de la víctima, menor de edad en el momento de los hechos. También está pendiente una reclamación administrativa de más de 200.000 euros por la desprotección que sufrió la joven por parte de la Administración, que tenía la tutela de la adolescente.