La Generalitat, condenada a pagar a un alto cargo de FGV señalado por Les Corts por el accidente de metro

Aquello terminó con un dictamen donde se señalaba al director de Recursos Humanos como uno de los responsables políticos del siniestro por el incumplimiento de la ley de riesgos laborales. El Tribunal Constitucional intervino para anular esa parte de esa resolución y clarificó el papel que podían jugar esas comisiones al censurar que alcanzaran «imputaciones individualizadas de conductas o acciones ilícitas a los sujetos investigados».

Esa victoria del dirigente de FGV no detuvo su camino. El responsable presentó un contencioso contra la Generalitat Valenciana en el que reclamaba una indemnización de 10.000 euros por los daños morales y casi otros 3.000 por los costes de acudir al Tribunal Constitucional. La Generalitat, de entrada, no aceptó sus pretensiones.

Sí lo ha hecho, en cambio, la Sala de lo Contencioso del TSJ. La sentencia recuerda que a «las Cámaras no les corresponde declarar la existencia de conductas punibles y la determinación de su autoría» en referencia al controvertido pronunciamiento. Y esas conclusiones, sin duda, afectaron al derecho al honor del técnico de FGV porque «un poder público atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social».

Ese derecho fundamental lo que supone es la protección de una persona «frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena». Las atribuciones de Les Corts, además, causan «un cierto grado de estigmatización». Y en este supuesto de manera todavía más intensa «por la directa conexión que presenta la imputación con su actividad profesional en el momento de producirse el accidente». El perjudicado, sin duda, sufrió un daño «que no venía obligado a soportar».

El TSJ considera que esa resolución de Les Corts, en definitiva, es el resultado del desarrollo de un servicio público, un funcionamiento erróneo que, de hecho, el Constitucional ya había corregido en diciembre de 2018. El tribunal valenciano considera ajustada la cantidad de 10.000 euros y recuerda que el nombre del directivo fue difundido ampliamente por los medios de comunicación que se hicieron eco de las conclusiones de la comisión.

La carrera profesional del técnico también se vio lastrada por el fatal accidente. Cambió el puesto directivo en la empresa de transporte por uno de técnico en la Conselleria de Bienestar Social. Sin embargo, esto se produjo antes de la comisión de investigación y no ha sido valorado en el montante total.