La Generalitat necesita casi cinco meses para resolver cada contratación

En el informe de las medidas para la modernización administrativa presentado ayer se enumeran una serie de deficiencias detectadas en la Generalitat. «Los procedimientos de gestión de la contratación se dilatan temporalmente en exceso», concluye el análisis, que también señala carencias como la «ausencia de planificación estratégica», «la inexistencia de un órgano especializado con competencias exclusivamente en materia de contratación pública, a nivel de Dirección General», se dan «duplicidades en los informes previos preceptivos», constata «una escasa utilización del procedimiento abierto simplificado», «la infrautilización de instrumentos de racionalización de la contratación», «dilaciones en los procedimientos de adjudicación» que se atribuye a «la sobrecarga de trabajo de las mesas de contratación»... El listado de deficiencias es notable.

Bravo, en la presentación del informe elaborado por un grupo de expertos liderados por el profesor José Luis Martínez Morales, advirtió respecto a los fondos europeos que el 60% de los compromisos de gasto se deben contraer antes de acabar 2022 y, el resto, justo un año después como muy tarde. «Con estas condiciones, para cualquiera que conozca un poco cómo son los procedimientos, le resultará evidente que la Administración necesita reformarse para asumir un desafío de esta magnitud», señaló la consellera, consciente de las debilidades de la Generalitat en esta materia. Bravo explicó que «en el caso de los convenios y subvenciones, pretendemos reducir su tramitación media de los 75 a los 45 días» porque «somos conscientes miles de empresas y puestos de trabajo dependen de la celeridad con que se tramite».

La enumeración de problemas es amplia. Junto a las deficiencias ya señaladas, el informe indica que la Generalitat registra «algunas anulaciones de pliegos debido a la inclusión deficiente de los criterios sociales», advierte de que se incumplen contratos, «lo que exigiría un mayor control y seguimiento en la ejecución de los contratos. En especial, en los pliegos se incluyen pocas cláusulas de penalización». Así las cosas, los expertos advierten de que falta de uniformidad «en los criterios de adjudicación» que obligan a nuevas consultas y dan a la razón a quien lamenta la lentitud de la burocracia.