La Generalitat gastó 186 millones en trenes para un trazado que no existe

El consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acordó hace pocas fechas trasladar a la Fiscalía de Valencia y a la Intervención General las conclusiones de las auditorías elaboradas en relación con determinados gastos realizados desde esa empresa durante la etapa de Gobierno del PP valenciano. La documentación presentada incluye entre otros aspectos los relativos a la adquisición de 22 unidades de metro serie 4300 y de 20 coches remolques intermedios. En ambos casos, compras realizadas para la prolongación de la Línea 1, que no ha llegado a realizarse. En total, un gasto que supera los 186 millones de euros y que, tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fue una adquisición innecesaria. Hechos que pondrían de manifiesto que en la citada empresa no se habría planificado en función de las necesidades reales.

Los expedientes objeto de estas auditorías fueron ejecutados durante la gerencia de Jorge García Bernia y Marisa Gracia en FGV, bajo el mandato del PP en la Generalitat Valenciana. La prolongación de la Línea 1 del Metro, la que va desde Villanueva de Castelló hasta Bétera, se presentó en público poco después del accidente que dejó 43 muertos y 47 heridos. La prolongación de la mencionada línea pretendía eliminar la curva mortal previa a la Estación de Jesús y ampliar el trazado desde Plaza de España hasta el nuevo hospital La Fe. Una obra que el Consell presidido por Francisco Camps entendió como justificada.

Pero que no se hizo. De manera que los elementos que debían ser utilizados en esas vías fueron adquiridos de manera innecesaria. La documentación a la que ha tenido acceso este diario cifra el coste definitivo de las 22 unidades de metro serie 4300 -versión de cuatro coches- en un total de 158.919.601,99 euros. Y la de los 20 coches intermedios remolcados en 27.230.417,09 euros. En total, 186.150.019,08 euros.

Que las adquisiciones no fueran necesarias resulta significativo. Pero no es en ningún caso la única de las circunstancias llamativas que envolvieron esas compras -que figuran en la documentación remitida a la Fiscalía y a la Intervención General-. El precio inicial de las 22 unidades de metro fue de 128.370.000 euros, a los que se sumaron otros 22.132.000 euros en equipamientos, 407.000 euros en teleindicadores, 3.287.311,60 por revisión de precios y 4.723.290,39 por los gastos financieros.

En el caso de los 20 coches remolques intermedios, el coste inicial era de 26 millones de euros, la revisión de precios permitió restar 476.251,34 euros, pero los gastos financieros volvieron a incrementarlos en 1.706.668,43 euros.

La adquisición más voluminosa, la de las 22 unidades de metro se aprobó por pleno del Consell del 4 de mayo de 2007. Más de un año después, el 11 de septiembre de 2008, se firmó el contrato con la constructora Vossloh. La fecha de recepción provisional de las unidades se produjo entre julio de 2010 y diciembre de 2012. Las actas de entrega, según se constata en la documentación, «muestran la existencia de problemas generalizados y deficiencias que no constan que hayan sido resueltas en las actas de recepción provisional».

Con todo, uno de los aspectos que se ponen de manifiesto es el «fraccionamiento del contrato principal», toda vez que se realiza un modificado del mismo apenas cuatro días después de su entrada en vigor, en octubre de 2008. La documentación en poder de la fiscalía acredita que la compra del equipamiento objeto del Protocolo I -relativo a la adquisición de equipamiento incluido en la oferta del constructor por importe de 22.132.000 euros- «debió licitarse conjuntamente con el proyecto inicial, el de la adquisición de las unidades de metro. De hecho, debido a la incorporación de este protocolo, el importe por unidad pasó de ser de 5.838.000 euros a 6.841.000 euros.

Un año después, en octubre de 2009 se firma un segundo protocolo cuyo objeto es la mejora de los teleindicadores frontales e instalación de los teleindicadores laterales, con un precio de 407.000 euros. Lo que constatan los documentos a los que ha tenido acceso este diario es que la reserva presupuestaria para concretar ese protocolo se realiza con fecha posterior a la resolución del presidente del consejo de administración de FGV por el que adjudica esta contratación. En total, los protocolos que introducen algún tipo de modificación al contrato principal son cinco.

La documentación revela además que el pliego de condiciones administrativas no contiene los criterios y normas de valoración que determinen la puntuación de las ofertas presentadas. Que en el documento contractual se han incluido estipulaciones distintas a las establecidas en el pliego de condiciones administrativas, y que ni en éste ni en el pliego de condiciones técnicas consta la aprobación por parte del órgano de contratación.