La Generalitat no se opondrá a que la juez archive los contratos de la F-1

De esta forma, la Generalitat se evita recoger por escrito que los contratos de Circuito Motor para la celebración de las carreras de la F-1, siguiendo las indicaciones de Valmor, respetaron la legalidad. El siguiente paso corresponderá a la instructora. Si aún considera que existen indicios de criminalidad por parte de los directivos de Circuito Motor, dictaría el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que equivale al procesamiento y que da traslado a las acusaciones para que califiquen los hechos.

Anticorrupción ya ha expresado su postura con su último informe, donde rechazar continuar con un procedimiento penal ante la falta de indicios. Por tanto, su decisión es clara: no acusar. Pero ese auto, en el hipotético caso de producirse, sí obligaría al pronunciamiento de la Abogacía precisamente lo que ahora pretende evitar. No obstante, la opción más probable es que la jueza decida directamente dar carpetazo al asunto tras el informe de la Fiscalía y conocer las intenciones de la Abogacía pese a que no consten por escrito. Esta información también ha llegado a las defensas del caso, que no dudan en que todo terminará con un sobreseimiento.

De esta forma se cerrarían unas diligencias abiertas en diciembre de 2014 por una denuncia del entonces fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, hoy magistrado por la cuota autonómica en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Tras más de seis años de indagaciones, la causa se ha ido desinflando paulatinamente. Las sospechas contra Lola Jhonson y Jorge Martínez Aspar fueron las primeras en desaparecer. La causa se archivó contra ellos. Y, en realidad, también contra Francisco Camps. La Fiscalía no se opuso. Pero en ese caso, el recurso de la Abogacía obligó a la reapertura de la investigación, aunque únicamente por las posibles consecuencias del aval que la Administración concedió a Valmor si Valencia se convertía en el único Gran Premio en España. En aquel entonces, el futuro de la prueba de Montmeló estaba en el aire. El resto, todo el proceso de negociación y llegada de la F-1 a Valencia junto al encargo a Valmor, fue avalado por los magistrados de la Audiencia.

Otra de las piezas hacía referencia a la compra de Valmor por parte del Consell por un euro y la asunción de toda la deuda; algo más de 20 millones de euros. La realidad es que la adquisición se produjo en un momento en el que ya era la Generalitat la que asumía el coste económico del evento ante los problemas financieros que arrastraba Valmor, empresa de Aspar, Bancaja y Fernando Roig. En 2014, se sostenía que aquella operación fue un pacto del propio Camps con los interesados y que se vio obligado a cumplir su sucesor, Alberto Fabra. De hecho, era Fabra y todo su Consell –la Fiscalía quiso en sus inicios que todos declararan como testigos– los principales señalados por esta iniciativa.

También se archivó tras la petición de Anticorrupción porque, al final, según esta tesis, fue el mal menor para los intereses generales ya que la no celebración de los Grandes Premios hubiera supuesto una penalización de cerca de 70 millones de euros. La Abogacía recurrió después de cuatro años sin plantear ni siquiera una diligencia de prueba, lo que le valió el reproche de la instructora ante su 'repentino' interés en las pesquisas.