El Consell adelantó 31,5 millones por ocho aviones a un empresario chino

Mes y medio después de que se produjera la llegada de los primeros vuelos procedentes de China con material sanitario, la Generalitat comenzó ayer a publicar los primeros contratos de la llamada Operación Ruta de la Seda. La empresa del comerciante chino de Ontinyent al que acudió la Generalitat ha sido la gran beneficiada. En concreto, la compañía Comité Textil S.L. ha facturado a la Conselleria de Sanidad 31,5 millones de euros, siendo la adjudicataria del grueso de operaciones mercantiles. La secretaria autonómica de Economía, Rebeca Torró, ya deslizó esta semana algunos detalles del modus operandi y explicó que el empresario de Ontinyent había sido el encargado de pagar los materiales antes de que llegaran a España, para ser posteriormente abonados por el propio Consell.

Pero ahora se ha descubierto que la Generalitat pagó por adelantado ocho de los diecinueve vuelos, por importe de 31,5 millones de euros. De las facturas subidas por la Generalitat se deduce que fue la compañía del empresario Chen Wu Keping, Comité Textil S.L. de la que es administrador único, la que adquirió el grueso del material que llegó a la Comunitat en avión y el Gobierno autonómico se lo compró a él, facturándole a su empresa. De este modo, las compras se hacen directamente a la empresa, con sede en Ontinyent, aunque se diluye el coste en origen y el que ha acabado abonando la Generalitat. Al facturar directamente a la mercantil valenciana, que es la que realiza la exportación, se desconoce si se le ha aplicado comisión al pedido o si los precios se han incrementando y cuánto respecto a lo que valían en China.

La empresa Comité Textil S.L. se constituyó en julio de 2017, dedicada al comercio al pormenor de prendas de vestir en establecimientos especializados. El último balance conocido, en 2018 dejó cifras en negativo por importe de 51.955 euros y unos activos totales de 981.527 euros. Su balance de ventas fue de 492.751 euros.

En concreto, a la empresa de Ontinyent se pagaron 6.582.450 guantes a 0,28 euros la unidad; 177.000 guantes más a 0,35 euros la unidad; 10.636.490 mascarillas quirúrgicas a 0,65 euros la unidad; 1.093.240 mascarillas FFP2 a 2,90 euros la unidad; 370.000 gafas de protección a 3,92 euros la unidad; 749.900 buzos con gorro a 8,61 euros la unidad; 270.071 impermeables a 15,10 euros la unidad; 31 kit de protección desechable a 35 euros la unidad y 4.270 kits impermeables, a 45 euros unidad.

Además, el gasto en vuelos fue aparte, y ascendió a 7,32 millones de euros por los aviones del 23 y 30 de marzo, 4,8,10,12, 17 y 18 de abril. La suma conjunta asciende a 31,5 millones. El contrato fue suscrito por emergencia, negociado sin publicidad, y adjudicado el día 17 de marzo por el subsecretario de la Conselleria de Sanidad, David Fernández, una semana antes de que el primero de los vuelos aterrizara en Zaragoza. Pero, todavía quedan los contratos de los otros once vuelos que restan.

La contratación de los ocho primeros se hizo antes de que el Consell creara la figura de la comisionada para las compras de material para la lucha conta el Covid-19, dependiente de Presidencia de la Generalitat. Precisamente, la titular de este órgano, María José Mira, solicitó ayer comparecer en Les Corts para dar cuenta de las gestiones desempañadas desde su nombramiento. La petición, no obstante, ya había sido hecha por el PPCV.

La también secretaria autonómica de Modelo Económico fue nombrada responsable de las compras el 28 de marzo. La petición de comparecencia, que se dirigió a la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts, se justifica de acuerdo con los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la Administración pública, según informan fuentes de la Generalitat.

En este sentido, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, reconoció ayer que la transparencia de la Generalitat se ha visto ralentizada. De hecho, el Síndic de Greuges ya está investigando a la Conselleria de Transparencia por posible vulneración del derecho de acceso a a información. Fuentes del departamento de Rosa Pérez aseguraron ayer que aunque los plazos están suspendidos, la Conselleria sigue resolviendo algunas solicitudes. En concreto, cuatro de 35 en estos dos meses. Sin embargo la consellera ha pedido un informe a la Abogacía para ver qué puede hacer para retomar un procedimiento suspendido y por el que reconocen que están incumpliendo su función «por estar atados de pies y manos».