La Generalitat pidió al juez una orden para entrar en la sede de los hermanos Adell Bover

El 28 de mayo de 2019, un grupo de inspectores de la Conselleria de Economía y de la Coimisión de la Competencia se personaron en la sede de las productoras Canal Maestrat y Kriol Produccions en Vinaròs. Estas dos empresas son propiedad de los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y personajes clave en el llamado cártel de las productoras, que ha sido sancionado con 43.000 euros por la Generalitat como castigo por pactar precios para ganar tres lotes de un concurso público e ingresar 84.000 euros.

Los inspectores tocaron a la puerta de Canal Maestrar y Kriol a las nueve y media de la mañana del 28 de mayo de 2019 con una orden judicial en la mano. La que firmó cuatro días antes la titular del juzgado número 1 de Castellón previa petición de la Abogacía de la Generalitat. La autorización permitía hacer copias de documentos y dispositivos tecnológicos además de precintar todo aquel material que fuera considerado importante.

A las 9:41 del 28 de mayo de 2019 llegó a la sede de las productoras Juan Enrique Adell Bover y se le informó de toda la actuación que se había puesto en marcha dentro de la investigación al cártel de las productoras. El empresario aseguró mientras leía la orden de investigación que sus productoras formaban parte de una asociación «y que los miembros de dicha asocaciación se reunieron con el objeto de valorar si los precios de la licitación eran razonables».

A las 10:20 horas se presentaron en la sede de las productoras los abogados de los hermanos Adell Bover y a la pregunta de la inspectora de la Generalitat sobre las reuniones previas a la licitación del concurso de los empresarios investigados, la letrada «matiza al señor Adell Bover y le aclara que las conversaciones sobre precios deben producirse, en su caso, una vez adjudicados los contratos, pues de lo contrario, constituiría una infracción de la Ley de la Competencia». A pesar de todo, Adell Bover insistió en que en esas reuniones sólo se habló de si los precios eran razonables.

A las 11:15, el empresario, su abogada y una de las inspectoras se desplazaron al domicilio particular del investigado para recoger un teléfono móvil. Tras la revisión ya en el sede de las productoras del terminal, «se recaban finalmente siete conversaciones de whatsapp (1,24 megas)». Al ser archivos grandes, sólo se extrajeron los mensajes de texto y no los documentos adjuntos salvo en la conversación con «César» –propietario de la productora Visualiza, también sancionada– y un audio en el chat de ESAP (asociación de productoras) «por su relevancia». Durante la investigación también se recabaron una serie de correos electrónicos de los ordenadores que finalmente no fueron incorporados al expediente sancionador –se recabaron inicialmente 1.664 correos para al final analizar ocho–.

De las conversaciones de whatsapp intervenidas en el teléfono de Juan Enrique Adell Bover se extraen los contactos clave para certificar que los empresarios investigados tenían información privilegiada sobre el concurso de las corresponsalías de À Punt, que tenían contactos importantes en la cadena pública para ver cómo se iba desarrollando el proceso, qué precios era conveniente fijar en las propuestas económicas y que sabían un día antes de su publicación quién iba a ganar los lotes. De hecho Juan Enrique así se lo comunica a su hermano Enrique Juan un día antes de que À Punt hiciera pública la resolución del concurso. La investigación en las empresas de los Adell Bover por parte de los inspectores terminó a las 17:40, ocho horas y diez minutos después de iniciarse.