La Abogacía de la Generalitat ya no ve delito en la actuación del entonces conseller Serafín Castellano al adjudicar determinados contratos a favor de su amigo, el empresario José Miguel Pérez Taroncher. La Generalitat, que ejerce la acusación particular en este asunto, solicitó el procesamiento del exdirigente a partir de un informe de la Intervención de la Generalitat que apreció indicios de fraccionamiento en unos obras en el centro de emergencia de l'Eliana por valor de 150.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, presentó un informe en el que detallaba por qué la actuación desplegada por el conseller no era delito y reclamaba el archivo. El juez dio carpetazo.
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No obstante, todavía quedaba una puerta abierta para sentar a Castellano en el banquillo. Un recurso por parte de la Abogacía ante la Audiencia. Una vía que ya han empleado en varias ocasiones, por ejemplo, con el tema de la Fórmula 1. Pero, en esta ocasión, la Abogacía no recurrirá, según la información de LAS PROVINCIAS.
Las mismas fuentes recordaron que el criterio de la Generalitat en asuntos de esta naturaleza es ir siempre de la mano de la fiscalía y que, en este caso, comparten la tesis del ministerio público. Subraya que en los casos en los que no ha sido así, el motivo eran cuestiones muy concretas, añadieron. No obstante, esta diferencia de criterio se ha manifestado en casos muy políticos, como el caso Valmor, las obras de circuito en la Fórmula 1 o la gestión en RTVV de José Luis Jaraba, ha generado una profunda desconfianza entre la fiscalía y la Abogacía.
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