La cuenta 413 es la que se refiere a aquellos acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, y recoge las obligaciones derivadas de gastos ... realizados o bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. Lo que toda la vida se ha definido como facturas en los cajones.
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El informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente a 2023 señala que el saldo de esa cuenta al acabar ese ejercicio ascendió a 1.767,7 millones de euros, un 16,6% más que en el ejercicio anterior (1.516,2 millones), y que corresponde principalmente en la Consellería de Sanidad. En concreto, 1.347,2 millones de euros.
De hecho, la Sindicatura revela que las facturas en los cajones de la conselleria de Sanidad ha pasado de los 733,4 millones en 2018 a esos 1.473,5 millones en 2023. En 2022, la cuenta 413 ascendió a 1.124,5 millones de euros, de modo que el aumento en 2023, en el ámbito sanitario, ha sido de casi 350 millones de euros.
El efecto neto en el ejercicio 2023 de imputar las obligaciones reconocidas registradas en esta cuenta 413 en el presupuesto del ejercicio en que se realizaron los gastos supondría una disminución del saldo del resultado presupuestario por importe de 251,5 millones de euros y el remanente de tesorería del ejercicio 2023 sería más negativo en 1.767,7 millones de euros, señala la sindicatura.
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Durante el ejercicio 2023, se han aprobado 783 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto -el que se utiliza para que la administración atienda el pago de un servicio que se le ha prestado pero que no tenía consignación presupuestaria-, por un importe conjunto de 1.668,4 millones de euros, de los que 1.473,5 millones de euros (88,3%) corresponden a gastos tramitados por la Conselleria de Sanidad y 98,0 millones de euros en la Vicepresidencia primera y Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (5,9%).
«Estos expedientes corresponden a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones que son nulas de pleno derecho, en ejecutarse por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido», señala el informe de la Sindicatura.
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