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El Gobierno sigue a oscuras en lo que se refiere a las causas del apagón que el lunes afectó a toda la Península Ibérica. Ayer, ... 48 horas después del histórico 'cero nacional', la máxima responsable de Red Eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor, dio la cara por primera vez en dos medios de comunicación, uno privado y uno público, pero tampoco fue capaz de arrojar la mínima luz sobre lo sucedido. Y, sin embargo, se atrevió a afirmar que el grave incidente –cuyo impacto económico el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cifró en unos estimativos 800 millones de euros– «no va a volver a ocurrir». «Hemos aprendido, tenemos todas las medidas de seguridad para que sea así –adujo incluso–; los ciudadanos tienen que estar tranquilos».
Corredor, elegida para el cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2020 en sustitución del también exministro Jordi Sevilla, se encuentra en el ojo del huracán. Buena parte de las miradas se dirigieron a ella cuando el martes el jefe del Ejecutivo advirtió de que exigirá «todas las responsabilidades» pertinentes por lo sucedido a los operadores privados, entre los que, llamativamente, incluyó la empresa de la que el Estado es, a través de la SEPI, accionista mayoritario con el 20%, a gran distancia del segundo, el dueño de Inditex, Amancio Ortega, que posee un 5% de los títulos.
Sanchez hizo poco por disimular en esa misma comparecencia, el día siguiente del apagón, su malestar con Red Eléctrica, a cuya sede se había desplazado el lunes con varios ministros en dos ocasiones, por la mañana y por la noche. En teoría, existía una orden de colaboración y comunicación fluida, pero para el Ejecutivo fue una sorpresa desagradable que el director de operaciones de la compañía, Eduardo Prieto, descartara tajante en rueda de prensa un ciberataque en sus instalaciones y que, de una u otra manera, diera carta de naturaleza a las teorías que apuntan a que el origen del problema estuvo en la enorme fluctuación de las renovables y su peso en el mix energético.
Los de Prieto fueron dos mensajes dañinos para el relato gubernamental en materia de seguridad y defensa –justo cuando trata de hacer digerible para su socios de la izquierda un incremento del gasto en esas partidas de hasta 10.471 millones de euros– y en lo que se refiere a su modelo de transición ecológica. Y Corredor se afanó ayer en corregirlos en sendas entrevistas en la Ser y TVE, en las que, además, rechazó dimitir. «Sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura y lo ha estado», argumentó.
La exministra de Vivienda fue tan contundente como lo fue la víspera el propio jefe del Ejecutivo a la hora de rechazar el papel de las renovables en lo ocurrido, a pesar de que es hacia donde apuntan la mayor parte de los expertos en sus análisis. En febrero, Redeia, matriz de Red Eléctrica, advirtió en su informe anual para los inversores del riesgo de que la alta penetración de la generación verde llevara a «desconexiones» que podrían ser «severas» si no se aportaran «las capacidades técnicas necesarias para un adecuado funcionamiento ante sus perturbaciones», una tarea pendiente.
Corredor, al igual que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen unas horas después, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, replicó que ha habido «infinidad de días» en los que se ha operado con una penetración de renovables mayor que la de lunes, en la que el mix contenía un 54% de solar y un 10% de eólica, sin que se detectara problema alguno. También se resistió a descartar, en un discurso ahora sí acoplado con el del Ejectivo, un ciberataque fuera de Red Eléctrica; es decir, en algún otro operador.
Esa insistencia en ampliar el foco a las empresas privadas del sector provocó ayer la respuesta del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien advirtió de que es Red Eléctrica, el que debe «aclarar» lo sucedido como «responsable» del sistema. Aagesen, que ayer presidió la primera reunión del comité de análisis del apagón, insistió en que el Gobierno llevará a cabo una investigación «independiente» para llegar al fondo del asunto y tomar las medidas pertinentes. En Moncloa argumentan que debe hacerlo así no porque tengan razones para dudar de nadie, sino porque las compañías tienen «sus propios intereses» y la obligación del Ejecutivo es «velar por el interés general».
El martes, tras ponerlos en la diana, Sánchez citó de urgencia en La Moncloa a Corredor y los responsables de las principales compañías energéticas –Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy– y les instó a poner a disposición del ministerio todos los datos en su poder («milisegundo a milisegundo») que puedan ayudar a dilucidar lo ocurrido antes de las seis de la tarde del día siguiente (por ayer). La exigencia iba también en principio para Red Eléctrica. Sin embargo, este miércoles su presidenta planteó el asunto de otra manera, como si su posición fuera la del propio Gobierno y la demanda de colaboración también hubiera sido suya.
De momento, el Ejecutivo no se plantea su relevo. No en lo inmediato. Aagesen insistió en que, en tanto no se esclarezca lo ocurrido, cuenta «con todos y cada uno de los operadores» para que contribuyan a unas pesquisas que, en todo caso, tendrán igualmente un cauce judicial en la Audiencia Nacional. La vicepresidenta tercera tildó además de «extraordinario» el papel de Corredor y su equipo técnico, pero circunscribió el elogio solo a su labor para el restablecimiento del suministro. Fuentes de Moncloa aseguran que no se pretendía lanzar el mensaje de que su cargo está en el aire, pero lo cierto es que las muestras de respaldo fueron más que tibias.
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