El Gobierno da un portazo a reformar la financiación durante esta legislatura

El Gobierno de Pedro Sánchez no abordará el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica hasta después de haber planteado su propuesta de reforma tributaria. Y para llevar a cabo ésta se ha dado un plazo de un año que, debido a la pandemia, aún no ha empezado a contar. Este calendario hace prácticamente inviable que esta legislatura se aborde la negociación del nuevo modelo.

El calendario del Gobierno respecto al nuevo modelo financiero figura en una contestación por escrito del Ejecutivo al diputado del PP Óscar Clavell. En ese texto, el departamento que dirige María Jesús Montero explica que para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) «debe tenerse en cuenta su interrelación con la reforma tributaria que también está en la agenda del Gobierno. Los avances en la reforma tributaria juegan un papel fundamental en los recursos de las Comunidades Autónomas (CCAA) en general y el SFA en particular, por lo que deben enmarcarse en el proceso de reforma del Sistema».

¿Y esa reforma tributaria? La propia ministra Montero anunció a principios de año que convocaría al comité de expertos que debía analizar la reforma fiscal integral y que contaría con el plazo de un año para aprobar sus conclusiones, que deberían dar prioridad al Impuesto sobre Sociedades. La pandemia, como con tantas otras cosas, ha retrasado también la puesta en marcha de este comité de expertos, de manera que ese año de plazo para sus trabajos aún no habría comenzado a contar. Ayer, la propia Montero señaló en una entrevista en la Cadena Ser que el Ejecutivo no tiene una fecha marcada en el calendario para la aprobación del nuevo modelo de financiación pero sí una hoja de ruta, que espera consensuar con el Partido Popular. «Si articulamos esa propuesta, estoy convencida de que será bienvenida por el conjunto de grupos políticos», sostuvo la titular de Hacienda, que insistió en que esta reforma debe de contar con un «consenso suficiente». «Y para eso hay que querer», remachó.

La posición del Ejecutivo central deja en evidencia al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que el miércoles mantuvo una reunión con Montero en la sede del ministerio. Ante los medios de comunicación, el dirigente valenciano señaló que la ministra le había trasladado su voluntad de agilizar «en los próximos meses», la propuesta de reforma de la financiación. Puig no aclaró de cuantos meses hablaba, pero sí insistió en la posición del Gobierno valenciano respecto a la necesidad de impulsar este proceso y acometer cuanto antes la reforma. «No se puede seguir bloqueando» el nuevo modelo, dijo sin aclarar exactamente a quién se refería con ese bloqueo.

Esos «meses» a los que se refirió Puig, teniendo en cuenta esa propuesta de reforma tributaria que quiere pactar primero el Gobierno, complican mucho las opciones de que la reforma se acometa durante esta legislatura. Sin contar la evolución de la pandemia y el retraso que viene generando en multitud de frentes políticos pendientes, situar el inicio de la negociación a lo largo de 2022 significa hacerlo a las puertas de convocatorias electorales. ¿Cuáles? A Andalucía le toca convocarlas para diciembre de ese año. Las de la Comunitat Valenciana corresponderán en 2023, salvo adelanto electoral que tampoco se descarta. Otro tanto ocurre con las elecciones generales.

Para complicarlo aún más, la reforma del modelo en vigor –aprobado en 2009 y prorrogado desde enero de 2014–, y ese paso previo del nuevo sistema tributario que plantea Hacienda requiere de las modificaciones de leyes como la del IVA, la del IRPF o la del Impuesto de Sociedades. Normas densas, que difícilmente pueden modificarse con celeridad, salvo recurso a la ley de acompamiento de los Presupuestos.

A ese escenario se suman las dificultades añadidas del año 2022, ejercicio en el que las CCAA deberían recibir la liquidación de la financiación correspondiente a 2020. Un año marcado por el batacazo económico generado por la pandemia que, para el año que viene, augura dificultades financieras en las autonomías.