Moncloa tiene la obligación de dar cuenta de los viajes de Sánchez con el Falcon

Los viajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Falcon no se deben convertir en un secreto de Estado. Al menos, así lo defiende el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha estimado un recurso presentado por el asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom, y que pide claridad sobre la utilización del avión oficial por parte del jefe del Ejecutivo central y de todos aquellos altos cargos que tengan la posibilidad de usar la aeronave.

La resolución, firmada el 19 de febrero, insta a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que en un plazo de diez días hábiles remitan a Salom toda la documentación solicitada. El Consejo de Transparencia señala que se debe dar a conocer «el listado completo de personas dependientes de la Moncloa y de Presidencia del Gobierno que disponen de autorización para usar el Falcon del Ministerio de Defensa, especificando nombre, apellidos y cargo institucional que ostentan».

Además, en la resolución solicita que se informe a Salom «sobre cada uno de estos cargos y el número de veces que ha utilizado el Falcon desde el pasado 1 de junio hasta el 20 de octubre de 2018».

En ese plazo está el del viaje del presidente del Gobierno a bordo del avión oficial a Benicàssim -aterrizó en el aeropuerto de Castellón- el pasado 20 de julio. El Falcon despegó de nuevo rumbo a Madrid y volvió al día siguiente a por Pedro Sánchez. La explicación oficial fue que el presidente mantuvo varias reuniones con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, aunque por la noche se pudo ver al máximo mandatario del Ejecutivo en compañía de su esposa en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Presidencia admitió un gasto de 282 euros por este viaje.

La decisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un varapalo para la Secretaría General de Presidencia, que se negaba a facilitar la información solicitada por el asesor del PP en el Ayuntamiento. El 22 de octubre, el órgano dependiente de Presidencia recibió una solicitud para que informara sobre los viajes con el Falcon, quién había utilizado el avión y una relación de cargos con coche oficial y su uso.

Presidencia contestó que de los viajes de Pedro Sánchez con el Falcon existe una relación oficial en la web de la Moncloa en el apartado de agenda y entendió que no cabía facilitar más información que ese listado «por ser materia clasificada».

Salom, descontento con la respuesta, presentó un nuevo escrito el 28 de noviembre porque en la web no figuraban los datos que reclamaba y e incidió en que él no había pedido detalles de rutas, destinos ni fechas, «únicamente nombre de persona autorizada y total de veces que se ha utilizado el servicio». La posición en Presidencia fue la misma e insistió en que la información reclamada era «materia clasificada como reservada».

Por eso, desde la Secretaría General se argumentó que la publicación de esa información sobre el uso del avión del Ministerio de Defensa podía «generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado, sería proporcionar información sobre elementos que forman parte de la comitiva que acompaña al presidente y se podía llegar a la conclusión de que el daño que pudiera derivarse del conocimiento de dicha información sería la eficacia del propio dispositivo de seguridad de la comitiva». Este es el argumento esgrimido para no facilitar el listado de los usuarios del Falcon.

El Consejo de Transparencia, una vez analizados los argumentos de ambas partes, incluso da un tirón de orejas a la Secretaría General de la Presidencia al entender que en realidad no facilitaba la información a pesar de que decía que se podía ver en la agenda del presidente: «No es la primera vez que este Consejo detecta que aunque la resolución dice conceder la información, se deduce finalmente que ello no ha sido así». Además, cree que la respuesta de Presidencia es insuficiente al referirse al uso del Falcon por parte del presidente cuando la petición del asesor del PPCV ampliaba la solicitud a otros altos cargos. «Entendemos que la Secretaría General de la Presidencia debe identificar las autoridades o altos cargos que son usuarios de la aeronave», señala la resolución de Transparencia.

El documento, sobre el argumento de que la información es «materia reservada», señala que sólo pueden declarar secreta una materia el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor. «Esta normativa no ampara la calificación con carácter general como secreto toda la información relativa a los desplazamientos del presidente del Gobierno. No parecería justificado calificar como secreto un hecho que es de conocimiento público en la mayoría de ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa», señala la resolución.

La resolución termina de manera contundente por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: «No procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información». En un plazo de diez días, la documentación debería estar en manos de Luis Salom.