17 grandes causas de corrupción se han archivado o cerrado sin culpables

El listado resulta tan amplio que, sin duda, algún sumario se habrá escapado de este repaso a la hemeroteca. Las cuatro piezas de la F1 (la organización del evento y las obras en el circuito); el caso del pitufeo, la absolución de Alquería y el Palau de les Arts, la desaparición de las sospechas sobre el desfalco de RTVV, el sobreseimiento de la visita del Papa a Valencia, el carpetazo de Ciegsa y el final de las acusaciones contra Marisa Gracia (FGV), el caso Ivacor... O lo más reciente, el archivo de la trama valenciana del macrosumario de Púnica tras nueve años de pesquisas. O por remontarnos a un pasado no tan lejano... El caso de los Jardines de Monforte, el sumario de Nóos o el intento de imputar a Rita Barberá por sus gastos de representación en el Ayuntamiento.

No se trata de causas ligeras cuyas diligencias alcancen velocidad de crucero. Más bien todo lo contrario. Patricia Callaghan, acusada en el último juicio de la Gürtel, la última pieza de la trama con sabor valenciano, lo explicaba en su turno de última palabra. «Llevo diez años de muerte civil». Es un tiempo más que considerable para mantener hipotecada la reputación de una persona. Otros acusados, en cambio, no han llegado a sentarse en el banquillo. Fallecieron a lo largo de la instrucción. Como ejemplo más ilustrativo, la muerte de Helga Schmidt como sospechosa de saquear Les Arts. Absolvieron a todos. La Fiscalía ni recurrió.

El coste económico tampoco se puede considerar un elemento irrelevante. Decenas de imputados que han de sufragar de su bolsillo el pago de una defensa y que no todos logran después recuperarlo de sus administraciones. En este sentido, conviene recordar la condena en costas que definitivamente ha pagado la Generalitat por reclamar en el Tribunal de Cuentas el supuesto perjuicio para las arcas públicas de la compra de Valmor. Una obstinación del tripartito que no solo ha llevado a la exculpación de los exaltos cargos del Consell sino al abono de 790.000 euros a los demandados. Una cifra que supone prácticamente la quinta parte de lo que se abona al año por este concepto.

Lola Johnson, una de las afectadas por esta investigación, lamentó la «cacería política» en la que se convirtió el asunto, con una Abogacía dirigida por el Botánico que necesitaba mantener el rédito político de que el PP, o la Administración del PP, era corrupta.

El contexto, o eso que el abogado de Camps, define como el «ambiente», ha influido en esta mirada especial hacia la Comunitat. Hubo un tiempo en que la región pareció ser el germen de toda la corrupción de España. En un análisis más amplio, alejado de lo judicial, políticamente convenía desviar el foco de asuntos de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía. El mejor argumento entonces era la Comunitat. Pero, ¿había más corrupción aquí que en el resto de España? Pues probablemente no.

La corrupción real -que también la hubo- o la supuesta fue utilizada por el Botánico y antes por la izquierda como arma política de gran calibre. De hecho, ha sido un recurso de manual hasta hace apenas unos meses. PSPV y Compromís han insistido en esa «hipoteca reputacional» que lastraba la imagen de la región.

Este interés ha llevado a ciertos desencuentros entre la Abogacía de la Generalitat y la Fiscalía que incluso llegaron a mantener posiciones contrarias en asuntos de corrupción cuando lo habitual era que, en esa materia, los primeros siguieran a los segundos. Las discrepancias fueron más intensas en la Fórmula 1.

Hubo otro factor que también incidió, sin duda, en la mayor atención nacional. La Comunitat contaba y cuenta con unos personajes de cierto atractivo mediático por su especial personalidad o carácter. Alfonso Rus y Francisco Camps figuran en ese listado. Además, hubo algún asunto que concentraba dos elementos de éxito para cualquier historia: sexo y corrupción, como fue el caso Emarsa. Y además un factor indiscutible que seguramente nunca y en ningún otro sitio podía surgir un individuo como Marcos Benavent, yonki del dinero. Horas de televisión garantizadas para una personalidad inédita en el ecosistema delincuencial.

Como colofón a la atmósfera anterior, merece también un capítulo el exfiscal Anticorrupción Vicente Torres. Joven y con una legítima ambición profesional no dudó en emprender numerosas investigaciones judiciales, algunas a partir de las denuncias de partidos políticos. Fue, sin duda, la particular bestia negra de los populares. Su mayor éxito fue la condena a Rafael Blasco por Cooperación. Pero la cuenta del debe resulta amplia. Suyos fueron el caso de RTVV, el del Palau de les Arts, la ofensiva contra Camps por la F-1 y contra Rita Barberá... En algunos sumarios, tras un extenso recorrido mediático, se retiró. En otros fueron sus compañeros quienes solicitaron el archivo. Terminó, en un giro inesperado como alguna de sus diligencias, de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Propuesto por el Botánico y avalado por los vocales conservadores del Poder Judicial. Un episodio desconcertante.

Fue uno de los grandes juicios por corrupción en la Comunitat, aunque el motivo era, aparentemente, menor: saber si a Camps le habían regalado cuatro trajes de una tienda de Madrid. Dos de los acusados pactaron una conformidad y admitieron los obsequios. Camps y Costa se negaron. El jurado les acabó dando la razón. Varapalo para la Fiscalía y también para el PSPV.

Las declaraciones de Ricardo Costa junto a un extrabajador despedido propiciaron esta nueva causa por el diseño del trazado y el supuesto cobro de comisiones por las obras. Se llegó a imputar a una treintena de personas. Tras la marcha del fiscal Torres, un compañero pidió el archivo al entender que no hubo malversación y que la posible prevaricación estaba prescrita.

Fue uno de los primeros asuntos -mediáticos- del fiscal Vicente Torres. Sentó en el banquillo a Jorge Bellver y otros funcionarios del Consistorio de Valencia por la construcción de un aparcamiento en el subsuelo de los Jardines de Monforte, catalogado como Bien de Interés Cultural. El TSJ los absolvió e incluso dejó algún dardo acerca de la debilidad de la acusación de la Fiscalía.

Era un cuestionamiento general de todo el evento de la Fórmula 1. Desde la negociación con Bernie Ecclestone por parte de la Generalitat, la organización por parte de Valmor, la renovación del evento, la asunción de los costes por parte de la Generalitat y la posterior compra de la empresa de Aspar por la Generalitat. Tres piezas que quedaron en nada. Ni una de ellas llegó a juicio.

Otra de las causas de corrupción que no tuvo consecuencias penales, pero sí dañó la reputación del presidente de la APV, Rafael Aznar. El listado de acusaciones era amplísimo: sobresueldos, amaño de contratos, el famoso yate del Puerto, valorado en cuatro millones para seguir las regatas de la Copa América y el perdón de un millón de euros a la Valmor por un acceso al recinto.

La Audiencia de Palma condenó la actuación de Iñaki Urdangarin en Palma, pero no las acciones de Valencia. Aquellos congresos deportivos costaron algo más de tres millones de euros al erario. Fue también un fracaso de la acusación popular del PSPV, dirigida por Sandra Gómez. Previamente se intentó imputar a Francisco Camps y Rita Barberá. El TSJ lo rechazó.

Fue una de las operaciones más mediáticas, con helicópteros alrededor del Palau de Les Arts y con la intendente Helga Schmidt detenida en un hotel de Valencia. Se les acusó de crear una empresa para captar patrocinios. La Audiencia descartó cualquier indicio de una trama de saqueo y la existencia de «irregularidades groseras». Schmidt murió antes del juicio.

La fundación del V Encuentro, el órgano creado para la contratación de los servicios del evento, era privada pese a que recibió dinero público. Las sospechas de irregularidades se esfumaron tras alcanzar la juez y posteriormente la Audiencia esa conclusión. La Generalitat aportó dos millones a la entidad y más tarde asumió una deuda superior al millón de euros.

La contratación de directivos en la firma pública Divalterra no fue delictiva. Esa fue la conclusión de la Audiencia. Rodríguez y sus colaboradores fueron detenidos por la colocación de gente afín a los socialistas y a Compromís en puestos de responsabilidad. El caso quebró la trayectoria política del entonces presidente de la Diputación que montó un partido al margen del PSPV.

Fue más un asunto mediático que judicial. Algunos titulares escandalosos generaron expectativas que nunca llegaron a cumplirse. Al final, sólo quedó un acusado, José Luis López Jaraba, y únicamente por el sindicato de la CGT y la Generalitat. La Fiscalía, que fue quien inició el procedimiento tras las denuncias del PSPV y Compromís, acabó pidiendo el archivo. A la Abogacía le impusieron las costas.

Uno de los sumarios más impactantes de la historia reciente. El supuesto blanqueo de 50.000 euros por parte de la dirigencia del PP de Valencia a través del ingreso de 1.000 euros en la cuenta del partido y el reintegro, en efectivo, de esa cantidad. La Audiencia tumbó la investigación por no estar acreditado, al menos indiciariamente, el origen delictivo de los fondos de esa supuesta caja B.

La causa creció con una premisa, tan atractiva como falsa, de sobrecostes de 1.000 millones de euros en la construcción de colegios públicos. El asunto se centró en cinco centros educativos. Tras más de siete años de pesquisas, la propia Fiscalía solicitó el archivo por falta de pruebas sobre el cobro de comisiones por adjudicación de instalaciones. Una pieza menos de la macrocausa de Imelsa.

La Fiscalía emprendió una investigación sobre las obras de ampliación de Feria de Valencia. Hubo sospechas de sobrecostes y cohechos. El PSPV proclamó que era el gran caso de corrupción de la etapa del PP. Anticorrupción terminó decretando el archivo en fase prejudicial. Tras una exhaustiva investigación de dos años, ni siquiera lo llevó al juzgado ante la ausencia de indicios.

Fue una denuncia de Compromís que el fiscal Torres acogió y llevó hasta las últimas consecuencias. El objetivo era aclarar si la primera edil utilizó fondos del Consistorio para actos privados entre 2011 y 2014. Desde Valencia apreciaron indicios y trasladaron la causa a la Fiscalía del Supremo. Allí la archivaron. No era suficiente para abrir una causa penal contra la entonces alcaldesa.

Hubo corrupción, sí. Y la Justicia la castigó con penas realmente severas. Por ejemplo, los nueve años de cárcel para Milagrosa Martínez, expresidenta de Les Corts y exconsellera de Turismo por el amaño del estand de Fitur a favor de la trama Gürtel. Fue la primera condena a esta red delictiva en la Comunitat y quizá por eso la contundencia del fallo. Luego llegarían otras, como la financiación ilegal del PP durante las elecciones de 2006 y 2007 con la confesión del propio Ricardo Costa sobre el entramado corrupto que rodeaba al partido y del que, según él, eran conocedores todos los dirigentes. En este periodo también se conoció la condena por el amaño de las pantallas en la visita del Papa, con Pedro García, directivo de RTVV, reconociendo los hechos.

Pero el mayor caso de corrupción de la historia de la Comunitat por el volumen de dinero malversado, cerca de 20 millones de euros, es el saqueo de la depuradora de Pinedo. Los principales responsables fueron Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y Esteban Cuesta, gerente de la planta. Las condenas de la pieza principal superan los diez años de cárcel.

Otro de los sumarios con mayor repercusión fue el conocido como caso Cooperación, la trama de corrupción que lideraba Rafael Blasco y que consistía en amañar proyectos de desarrollo del Tercer Mundo a favor de organizaciones controladas por el empresario Augusto César Tauroni. Los principales cabecillas pasaron cerca de seis años en la prisión. La frase de hay que dar prioridad a lo nuestro «antes que a lo de los negratas» fue un punto de inflexión acerca de la 'indecencia' de las tramas de corrupción. Y quedan otros asuntos, pendientes de juicio o de instrucción, con un final incierto. Ahí está el macrosumario de Azud, las indagaciones sobre las ayudas al hermano de Ximo Puig y el conocido como caso Oltra.