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Las defensas de Alfonso Grau, Eduardo Santón y José Salinas han expuesto este martes sus argumentos exculpatorios en el juicio de la caja B del PP. Más de cuatro horas de informes sin que el tribunal acordara ni un receso. Resulta complicado mantener la concentración ... durante tanto tiempo y de manera ininterrumpida, pero no parece ser este un problema para la sección Segunda.
El gran protagonista de la causa, sin duda, es el exvicealcalde, el que fuera mano derecha de Rita Barberá. Su letrado ha señalado la creación de una «atmósfera donde todo parece corrupto» en la línea de aquello que popularizó Manolo Mata, exsíndic del PSPV y defensa en Alquería, de una mirada sucia sobre la política. Y se aprovecharía ese paraguas de la permanente y amplia sospecha para un cajón de sastre delictivo.
La defensa se afanó, en primer lugar, en validar el cambio de versión del testigo clave de la Fiscalía, Jesús Gordillo. «¿Qué necesidad tenía Gordillo de cambiar? Para él hubiera sido más cómodo mantener la primera versión. ¿O es que sintió un peso de su conciencia por hacer daño a Grau? Parece que la figura de los arrepentidos sólo es aceptable para las acusaciones, pero nunca para la defensa», reflexionó el letrado.
Grau ha ejercido de padrino de Gordillo durante toda su trayectoria política. Sugirió el letrado que la inculpación de su representado se produjo precisamente en un momento de debilidad económica justo antes de que el Gobierno de Ribó fichara de urgencia a tres economistas. El abogado atacó las incoherencias de la Fiscalía. Así, destacó que no haya citado a ni uno solo de todos los supuestos empresarios que colaboraron con la campaña del PP. «¿Por qué no lo ha hecho?».
El letrado aprovechó para resaltar la importancia de los patronatos en las fundaciones, que las acusaciones han querido menospreciar como instrumentos de control y dirigencia. Y recordó: «Nos estamos jugando nueve años de cárcel para un señor de 82 años».
Las tesis defensivas de Grau, por extensión, se aplican de igual modo a los acusados Santón y Salinas. Defendió el exvicealcalde que las fundaciones eran privadas y que los trabajos se hicieron, pero además planteó una duda a los magistrados. Se resaltaron las aportaciones económicas privadas en Turismo Valencia. «¿El dinero que se pagó a Laterne era del dinero privado o del Ayuntamiento? ¿Cómo se sabe esto?». De igual modo, el abogado trató de desligar a su representado de las acciones durante la campaña. «No es cierto que él firmara con Trasgos», indicó respecto a la campaña de 2011.
Además, puso en valor el papel del Comité de Campaña como el órgano donde se decidían todas las cuestiones relativas a los actos electorales. Insistió en ese papel de mero transmisor del vicealcalde. El citado comité era un órgano compuesto por multitud de personas y que no siempre participaban todas en las reuniones por lo que resulta complicado atribuir la orden a un grupo específico de personas.
Los letrados coincidieron en el sinsentido de incluir un contrato de 2004 en una de las fundaciones del Ayuntamiento como un método de desviar dinero para la campaña de 2007. Un dato que así, en frío, encaja en la tesis de las defensas. De igual modo todos coincidieron en la imposibilidad de que existiera una malversación. No existió ánimo de lucro o si este se dio las acusaciones no han sabido explicar en qué sentido se produjo.
El letrado de Eduardo Santón profundizó en el hecho de que las fundaciones no son instrumentos creados ex profeso para delinquir. «La actuación de CEyD no es nueva. Existe un hilo argumental real e histórico de la actividad de la fundación». La entidad llevaba años trabajando en esa línea y con ese método.
José Salinas es otro de los acusados por su papel como máximo responsable de Turismo Valencia. Defendió, al igual que el resto, la naturaleza privada de la fundación y, por tanto, la inexistencia de malversación. Una cuestión que en su momento ya resolvió la Audiencia de Palma con la sentencia del caso Nóos.
«Nos hemos encontrado con una prueba diabólica», lamentó. Se refería a la eliminación de documentación de Turismo Valencia que les ha impedido, en realidad, una mejor defensa. Pero aprovechó para plantear una contradicción del fiscal: «Si aseguran que no había nada porque los trabajos eran ficticios, ¿qué se iba a destruir?».
Todas las defensas coincidieron en reclamar las dilaciones indebidas como muy cualificadas por los retrasos en la instrucción, situación que achacaron directamente al instructor de la causa. Sólo Santón hizo uso del turno de última palabra: «Tengo la conciencia muy tranquila. Esto es duro para uno y para la familia». Terminó de esta forma un juicio que cuestiona la etapa triunfal de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia.
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