La Guardia Civil compartirá información para que la Intervención haga el informe de Francis Puig

El titular de Instrucción 4 de Valencia había citado este viernes -la primera reunión se aplazó por un error en la citación- a los responsables de la Intervención, las acusaciones, la Fiscalía y el PP, junto con las defensas de los empresarios. Una vez ya iniciado el encuentro se incorporaron también los efectivos de la Guardia Civil que elaboraron uno de los primeros informes del caso, tampoco definitivo para sostener los indicios delictivos.

La conclusión es que los agentes y la Intervención compartirán el material que tenían en su poder y que el órgano auditor necesita para completar su informe, tal y como insistentemente han reclamado al juzgado para concluir su trabajo.

Por ejemplo, los guardias civiles disponen de las facturas originales que la Intervención necesita mientras los auditores cuentan con el dosier de material aclaratorio que facilitaron las defensas al juzgado. Lo que de nuevo no tiene explicación es por qué no estaba toda la documentación en el juzgado y, por contra, repartido en diferentes entidades.

Estas incidencias han retrasado la entrega del dosier por parte de la Intervención, especialmente la valenciana aunque también la de Cataluña debe preparar el suyo. La previsión inicial era terminar el trabajo en febrero o marzo. Ahora, con la documentación entregada por parte de la Guardia Civil, abordarán ya la última fase del informe. No hay fecha.

El resultado del dosier preocupa en Presidencia. Se trata de un informe clave para la causa y nos encontramos a poco más de un mes de las elecciones. Unas conclusiones negativas serían utilizadas por el PP como munición política en una recta final de unos comicios que las encuestas dan de máxima igualdad.

Otro error judicial, además, ha llevado recientemente a la Audiencia de Valencia a determinar el final de la instrucción una vez lleguen esas dos periciales al juzgado, es decir, no se podrán practicar más diligencias lo que aboca el caso a un final inmediato, aunque se ignora todavía en qué sentido. El juzgado olvidó notificar un escrito de la Fiscalía y se vio obligado a declarar la prórroga de seis meses nula. Luego, volvió a decretar la prórroga pero lo hizo cuando el plazo ya estaba agotado. La Sala dio amparo a los recurrentes, Francis Puig y su socio.