El día que la conselleria de Hacienda dirigida por Vicent Soler decidió incorporar en el capítulo de ingresos una partida de 1.336 millones de euros a sabiendas de que no recibiría ese dinero, la ingeniería presupuestaria se hizo un hueco definitivo en las cuentas ... del tripartito valenciano. De nada ha servido durante todo este tiempo que organismos como la AIReF, Fedea o la Sindicatura de Cuentas pusieran en cuestión medidas de carácter netamente político, incorporadas a martillazos para poder gastar un dinero que no existía y disparar la deuda.
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El actual titular de Hacienda, Arcadi España, llegó a su departamento con el anuncio de limitar ese recurso a los ingresos ficticios, que Soler en 2021 incrementó hasta casi los 2.500 millones euros. El nuevo conseller ha mantenido esos 1.336 millones de ingresos por el nuevo sistema de financiación autonómica, más por no dejar en evidencia a su antecesor en el cargo que por convicción.
El caso es que España se ha encontrado dificultades distintas a las que en su día tuvo que sortear Soler en las siempre complicadas negociaciones presupuestarias con Mónica Oltra. A España los marrones se le acumulan por la vía de las tasas.
Primero fue con la desaparición de una tasa de la ley de acompañamiento que, sin embargo, en la de presupuestos sí que generaba 3,3 millones de euros de ingresos. Y claro está: si estaba suprimida, no podía cobrarse. La conselleria tuvo que anunciar una enmienda para corregir la desaparición de la tasa, toda vez que suprimir el ingreso de los presupuestos obligaría también a recortar los gastos. Y eso sí que no.
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Ahora ha sido Ximo Puig. El jefe del Consell anunció este lunes que mantendrá congeladas hasta agosto las tasas y precios públicos de la Generalitat que, en abril del año pasado, decidió rebajar un 10%. El presidente enmarcó la medida en su estrategia valenciana contra la inflación, más allá de que las fechas -la del anuncio y la de la aplicación efectiva de la medida- hagan tan evidente la cercanía de la cita electoral.
La medida beneficia a los bolsillos de los valencianos. Pero, en teoría, convierte en papel mojado la previsión de recaudación de la administración autonómica en concepto de tasas y precios públicos. Porque Hacienda, obviamente, diseñó unos presupuestos incluyendo desde el 1 de enero la finalización de esa congelación de tasas. Si ahora se mantiene, los ingresos serán menos sí o sí.
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¿Y entonces qué? Pues entonces nada. La conselleria de Hacienda no mueve ficha respecto a esta situación, e incluso sugiere que, al tratarse de una previsión de ingresos, la medida no tiene por qué afectar a la recaudación.
De alguna manera, lo que el departamento de Arcadi España viene a sostener es que mantener congeladas las tasas puede contribuir a que más contribuyentes realicen esas actividades o estudios por las que se cobra una tasa o un precio público. Así que los presupuestos no se tocan.
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El planteamiento, voluntarista, parece encaminado a hacer todo lo que sea necesario para no tener que modificar los presupuestos para 2023. Un hecho que no ha ocurrido nunca con el Botánico y que, de tener que levarse a cabo, dejaría en evidencia la pericia presupuestaria del nuevo conseller.
Si eso no ocurre antes del día 21, cuando se debaten las enmiendas de totalidad, la cifra de ingresos de las cuentas para este próximo año ya no podrán reajustarse.
Al término de la junta de portavoces de este martes, y preguntada por este asunto, la síndica del PSPV Ana Barceló ha señalado que «se mantiene la bonificación y eso no descuadra el presupuesto, que es una previsión y no va a afectar. Porque los ingresos que están previstos se pueden ingresar por otros conceptos». Por su parte, la síndica podemista, Pilar Lima ha señalado que «nos parece mala idea. No estamos de acuerdo de que se mantenga la rebaja».
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Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha admitido que «la situación es incierta: »El Botánico es experto en resolver problemas. Entre deuda y servicios públicos, el drama no es recortar porque no lo vamos a hacer. El anuncio de Puig no está vinculado a recortar los servicios públicos«.
Desde el PPCV, la síndica María José Catalá se ha preguntado cómo lo va a hacer el Consell. «Porque la Ley de Acompañamiento establece un techo de gasto y de ingresos, y las tasas, esa revocación del descenso del 10% que se iba a producir desde enero y que ahora Puig anuncia que se congela hasta agosto supone 140 millones de euros. Que derogue el presupuesto o la ley de acompañamiento y que se sume a nuestra enmienda a la totalidad. No hay otra salida».
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