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La crisis energética ocupa ya todos los niveles, también el administrativo, y algunas compañías han comenzado a beneficiarse de las medidas que los distintos gobiernos ... han puesto en marcha para aplicar planes de choque, dadas las carencias de las administraciones para agilizar esas iniciativas. Entre ellas, la filial tecnológica de Tragsa, la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, que parece haberse convertido en el principal contratista de la Generalitat. Uno de los últimos departamentos en hacerle un encargo ha sido la Conselleria de Hacienda, para tratar de poner en marcha las ayudas a los autónomos anunciadas en verano.
En concreto, el departamento que dirige Arcadi España acaba de aprobar una nueva encomienda a Tragsatec para que sea la filial del Ministerio la que gestione los 45 millones de euros en ayudas para autónomos y empresas debido al encarecimiento de los costes energéticos. En concreto, para la instalación de un servicio técnico de atención telefónica para el plan reactiva, un refuerzo en la revisión de la justificación de las ayudas y el apoyo en la revisión inicial de la justificación de las mencionadas ayudas para las que en un inicio la Generalitat reservó 45 millones de euros. Por este servicio, Hacienda pagará 1,16 millones de euros (aunque en la plataforma de contratación el precio de la encomienda aparece por error en un importe diez veces menor). En concreto, la empresa pública se encarga ya de la revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los solicitantes, elaborar el sistema de muestreo o mantener activas las dudas del centro de atención al usuario durante todo el período de justificación. En cuanto a la línea telefónica para asesorar a los socilitantes de la ayuda por la subida de los costes energéticos por la guerra en Ucrania, se contrató a cuatro titulados en ADE, nueve titulados en grado medio o en económicas, y ocho técnicos administrativos. Además, durante los seis primeros meses del encargo se incorporarán al equipo cinco titulados en económicas, junto con un responsable de proyecto para supervisar y controlar las ayudas.
Por situarnos, Tragsa es una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), surgida en los años 70, por lo que en la actualidad es una de las firmas gubernamentales más antiguas del panorama administrativo. En sus inicios surgió con una clara vocación agrícola, pero con los años fue ampliando su objeto social hasta convertirse en una suerte de bazar para las administraciones. La valenciana entró en el accionariado de Tragsa para poder convertir a la entidad en medio propio, con la simbólica compra de una acción.
Desde entonces, es una de las contratistas de referencia para casi todo. En el caso de las ayudas para autónomos y empresas para compensar la subida de los costes energéticos, el Consell había destinado a este fin 45 millones de euros. Sin embargo, como públicó Valencia Plaza hace semanas, sólo se habían consumido 16 de esos 45 millones, mediante las ayudas de 300 euros, por falta de demanda. En concreto, el plan no había suscitado el interés de los beneficiarios a pesar de que los requisitos eran más laxos que los de las mismas ayudas que había planificado el Gobierno central. Es decir, hasta hace unas semanas, ni siquiera se había gastado la mitad del presupuesto.
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