Hacienda renuncia a la Ley del Sector Público, antigua prioridad del tripartito

En el borrador de la ley que circuló en 2017 se argumentó con claridad el porqué era necesaria, porque iba a regular «por primera vez el sector público instrumental de manera sistemática y ordenada para facilitar y garantizar el cumplimiento de la legalidad, introducir nuevas medidas de control y transparencia, así como reorganizar las funciones y competencias atribuidas a las entidades garantizando coherencia y ausencia de duplicidades, para la consecución de un sector que sea referente de buena gestión».

Preguntada ahora la Conselleria de Hacienda, se asegura que «lo cierto es que ya se han ido dando pasos en la línea de fomentar el diálogo social a través de la creación de un espacio de consulta», en referencia a la comisión de diálogo social del sector público instrumental «que ya ha concluido con seis acuerdos donde destacan por ejemplo la reducción de temporalidad, el teletrabajo o los procesos de estabilización». La realidad es que si se han firmado seis acuerdos hasta ahora es porque todos y cada uno de ellos, a pesar de haberse consensuado con los sindicatos, no lograron aplicarse. Hacienda pacta con los agentes sociales, pero luego, las empresas del sector público, que dependen de diversas consellerias, hacen de su capa un sayo.

En el último seminario celebrado por el Gobierno valenciano no se dijo ni media palabra de una ley que lleva esperando en un cajón desde hace meses.

«Atendiendo a lo que queda de calendario parlamentario, lo más previsible es que se atienda ya el próximo año», explican desde Hacienda, una postergación que, en la práctica supone la renuncia a la tramitación y aprobación de la ley en la actual legislatura.

Fuentes sindicales próximas al Botánico aseguran que la ley «está preparada y consensuada con los agentes sociales. Soler no la sacó adelante, no se sabe si por el covid o por las batallas presupuestarias internas entre los socios de la coalición o porque estaba centrado en la financiación. Es un texto muy técnico en cuanto al cuerpo normativo. La parte del personal se había resuelto gracias a los acuerdos en la comisión de diálogo y su transposición al articulado de la ley, pero el caso es que no sale».

Una alto cargo de la Conselleria de Hacienda vinculada a Compromís admite que «estamos en la recta final de la legislatura y es cierto que la norma no aparece en ningún tipo de planificación. La versión oficial, la que argumentaba Soler, era que hacía falta desbrozar y aligerar el sector público, pero lo cierto es que tampoco se ha llegado a esa fase y han pasado los meses, uno detrás de otro. La ley era algo troncal y necesario, pero nada, no se ha llevado adelante».

España fue instado por Compromís el pasado mes de junio en Les Corts a poner en marcha la ley. Sin embargo, tanto las fuentes sindicales como las vinculadas al propio Consell señalan que no han detectado en España «muchas ganas de poner sobre la mesa esa ley, quizá para evitar nuevos elementos de conflicto» entre los socios del tripartito.