Hallan dos millones de euros en una cuenta en Andorra de un socio de Rus

Durante años se especuló que parte del dinero de las supuestas comisiones había sido blanqueado en el extranjero. Las sospechas se concentraron fundamentalmente en Brasil, en la mercantil Geneva Patrimonial Inmobiliaria. No obstante, una reciente comisión rogatoria –el informe llegó cuatro años más tarde de que se solicitara la colaboración a las autoridades– descartó, de entrada, cualquier vínculo con el dirigente popular.

Las diligencias apuntaban hacia el sobreseimiento ante la falta de indicios para concretar las irregularidades. Pero un giro de guión, de los ya habituales en este sumario, ha dado un nuevo impulso a las pesquisas. El hallazgo de dos millones de euros en una cuenta en Andorra, vinculada a la sociedad brasileña y, por tanto a Cabot, ha obligado a prorrogar las pesquisas. El empresario está investigado en el país vecino por blanqueo.

El juzgado investiga desde 2016 varias operaciones de compraventa de acciones en las que intervinieron Fabricación y Distribución del Mueble (firma familiar de Rus), la sociedad de valores Arteinvest 2017, también del expresidente de la Diputación, y Geneva Fondo Inmobiliario.

La empresa de Cabot adquirió por 1,8 millones participaciones de Arteinvest, creada unos años antes y sin actividad y que también había adquirido a FDM. El juez considera que todos estos movimientos eran una «operación simulada» para introducir un dinero, de origen delictivo o no, dentro del tráfico ordinario.

En el sumario de Imelsa figuran documentos mercantiles y notariales que prueban la relación existente entre Artinvest 2007, de la que Rus era administrador único, y Geneva Fondo Inmobiliario con sede en Valencia pero propietaria a su vez de Geneva Patrimonial Inmobiliaria Do Brasil, la firma brasileña que siempre estuvo bajo el foco de los investigadores de la UCO. En esta investigación estuvo imputado, en su día, otro empresario cercana a Alfonso Rus. Pero falleció mientras se instruían las actuales diligencias.

El pasado mes se cumplieron seis años de la detención del expresidente de la corporación. El dirigente popular se enfrenta a peticiones de pena de 20 años de cárcel por el caso de los zombies, personas que cobraban un sueldo sin tener una ocupación real en las empresas de Imelsa y Ciegsa. Además, en otro de los asuntos, el amaño del famoso call center de la Diputación, afronta otros ocho años de prisión. En total, tiene una amenaza de dos décadas de cárcel. Y esto no es el final. Todavía figura en otras piezas abiertas como esta del blanqueo o la de las comisiones por la construcción de colegios a través de la empresa pública Ciegsa.