El hermano de Puig utilizó gastos de la boda de su socio para respaldar las ayudas públicas

El dosier de la Guardia Civil, encargado hace más de año y medio, rastrea las facturas que las empresas de Francis Puig presentaron para justificar las subvenciones. Por ejemplo, de la empresa Sertec, han informado que sólo facturaron a Comunicació dels Ports en el ejercicio 2016 cuando instalaron unos aparatos de aire acondicionado. Sin embargo, la mercantil presentó facturas de otros cuatro ejercicios para respaldar el pago de las ayudas públicas, según se desprende de las conclusiones de los investigadores.

Otro de los epígrafes llamativos del trabajo policial responde a la empresa NRD Multimedia. La firma de Francis Puig dispone de dos facturas por el mismo importe y el mismo servicio, pero que se utilizaron para obtener subvenciones a la Generalitat catalana y a la valenciana. Es decir, se recurrió a un mismo gasto para que fuera subvencionado dos veces, destacan los agentes.

Los especialistas ponen el foco en Canal Maestrat, una de las firmas que forman parte del entramado bajo sospecha y que también cruzó facturas con Comunicació dels Ports. Entre las facturas requeridas a esa mercantil destaca una donde aparece una cuña de radio en la que no se menciona a la empresa de Francis Puig, pero, además, está grabada en castellano. Los agentes se sorprenden de que esto pueda incluirse en una cuenta justificativa de emisoras privadas para la difusión del catalán o el aranés.

Ahí, en ese apartado, también aparece bajo el epígrafe de Serveis de contingut per a Comunicació dels Ports, unos vídeos e imágenes de lo que parece ser la boda de Enrique Adell, el socio de Francis Puig. De igual modo, entre la documentación aportada, se recogen vídeos de la ermita de Vinarós, donde se celebró el enlace. Y aunque las facturas son de septiembre de 2017, todo el contenido es de meses anteriores e incluso de 2016.

Los agentes lamentan, igualmente, la falta de contratos de las principales mercantiles con Comunicación dels Ports. Esto también dificulta las pesquisas de los investigadores porque no pueden establecer de manera fehaciente que el concepto de las facturas se ajusta al material aportado por las mercantiles.

Esta pericial resultará clave para el devenir del procedimiento. El juez que inició la instrucción del caso pidió su traslado a otro juzgado hace unos meses. Sorprende que el cambio fuera a otro órgano de instrucción. Desde algunos ámbitos se atribuye esta decisión a algunos errores que se han producido en el juzgado como el hecho de que se prorrogara la causa sin dar traslado a las defensas. Una situación que la Audiencia anuló y que acotó la instrucción a lo que estaba ya acordado. No hay, sin embargo, posibilidad de nuevas diligencias.

No es la primera vez que un dosier judicial cuestiona el modo de proceder de todo el entramado empresarial. La Intervención ya alertó en su momento que al menos 67.000 euros fueron erróneamente subvencionados. Los especialistas aclararonn, no obstante, que ellos no analizan si el gasto responde a una realidad o no porque carecen de material para comprobarlo. La Intervención puso el foco en si esos gastos podían o no ser subvencionados. Y de su exhaustivo análisis concluyeron que las empresas del conocido como cártel de las productoras recibieron unos 67.000 euros de «manera indebida».